La excarcelación de Emerson Esteban Arias Polanco, un dominicano de 27 años acusado de robo a mano armada, volvió a desnudar el pulso entre las autoridades federales y los gobiernos locales de Massachusetts. La Casa Correccional del Condado de Norfolk lo soltó el pasado enero, pese a una orden de detención migratoria de ICE, obligando a los agentes federales a rastrearlo y reaprenderlo en las calles de Boston dos meses después.
Según un comunicado de ICE divulgado el 7 de mayo, Arias Polanco ingresó al país sin inspección, fue arrestado por la Policía de Dedham el 30 de noviembre de 2023 y, tras su excarcelación, terminó nuevamente bajo custodia federal el 20 de marzo de 2025 .
La directora interina de ICE-Boston, Patricia H. Hyde, no se anduvo por las ramas la cárcel “decidió ignorar nuestra detención” y “puso en riesgo a los residentes de Massachusetts” . El mensaje es directo: cada vez que un centro local desoye a ICE, los federales tienen que salir a la calle a buscar al sospechoso, con todo el peligro operativo que eso conlleva.
¿Por qué la cárcel pudo desoír la orden? La clave está en el fallo Lunn v. Commonwealth (2017). En esa sentencia, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts estableció que la ley estatal no autoriza retener a nadie solo por un detainer civil de inmigración. Desde entonces, el Estado opera, de facto, como “jurisdicción santuario” respecto a estas órdenes.
No todos en Beacon Hill comparten esa postura. Una batería de proyectos liderados por legisladores republicanos pretende habilitar a policías y alguaciles para retener hasta 36 horas a cualquier persona reclamada por ICE, siempre que exista una acusación violenta. Sus promotores argumentan que la medida “cierra el vacío legal” dejado por Lunn y evitaría precisamente casos como el de Arias Polanco.
La iniciativa llega en un momento de hiperactividad federal ICE presume en redes sociales de promediar más de 800 arrestos diarios desde enero, casi el triple que en 2024. Sin embargo, expertos citados por medios locales cuestionan la falta de desglose ¿cuántos arrestados tienen cargos criminales frente a simples violaciones administrativas? y advierten de la opacidad estadística de la agencia.
En la práctica, el choque de jurisdicciones genera un escenario perverso cuando las cárceles no honran detainers, ICE moviliza cuadrillas de ERO y HSI para capturar “en la calle” a los sospechosos, aumentando el riesgo para vecinos y agentes. Es, además, un uso costoso de recursos federales que suele desembocar en titulares que alimentan el debate político sobre seguridad y migración.
Para las comunidades inmigrantes, la incertidumbre es doble. Abogados de inmigración recuerdan que un detainer no equivale a una orden judicial y que su cumplimiento voluntario puede exponer a las ciudades a demandas constitucionales si la detención se prolonga indebidamente. Pero también admiten que la liberación de personas acusadas de delitos violentos mina la confianza pública en las políticas “santuario” y le da munición a sus detractores.
Con el Congreso mirando de cerca las “políticas de confianza” de Boston y la Legislatura estatal debatiendo si concede más poder a la policía, el caso Arias Polanco se convierte en símbolo de un dilema sin salida fácil ¿es más seguro retener a los acusados en la cárcel hasta que ICE llegue, o soltarlos y obligar a los federales a cazarlos luego en la calle? Mientras la respuesta llega, el dominicano continuará en un centro de detención federal, y Massachusetts seguirá siendo escenario de esta controversia de alto voltaje político y humanitario.
