El fuego volvió a ser noticia en Quitasueño, Haina. Más de 19 millones de unidades entre botellas de licor, cajetillas de cigarrillos, medicamentos y combustibles ardieron durante el operativo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM). La jornada, realizada en la planta de P&D Recycling, ya es considerada la destrucción de ilícitos más grande de la historia dominicana.
Aunque la imagen impacta por sí sola, las cifras son aún más elocuentes. Según datos oficiales, el contrabando le cuesta al fisco dominicano más de RD$ 4,500 millones al año en tributos no percibidos, una sangría que afecta tanto a la recaudación como a la competitividad de las empresas formales.
Ante ese panorama, la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) no dudó en respaldar el operativo. El gremio que agrupa a más del 85 % de los importadores legales de bebidas alcohólicas subrayó que cada cargamento ilegal sacado de las calles es, en la práctica, “un brindis” a la salud pública y a la economía formal. Además, reiteró su disposición a seguir capacitando oficiales y compartiendo buenas prácticas de control para cerrarles el paso a las mafias que falsifican o introducen productos sin estándares sanitarios.
Los riesgos trascienden lo fiscal. La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de alcohol no registrado donde se incluye el clandestino agrava la carga de enfermedad y multiplica episodios de intoxicación por metanol, un fenómeno recurrente en la región latinoamericana. En otras palabras, cada botella ilegal que se incinera evita potenciales tragedias en barrios y colmadones.
El MICM y el CECCOM insisten en que la lucha requiere coordinación quirúrgica. En el operativo participaron, además, la Procuraduría General, ProConsumidor, DIGEMAPS, el Ejército, CESFRONT, el Ministerio de Salud y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, entre otras entidades. La presencia de ese abanico institucional busca romper el ciclo clásico: contrabando en la frontera, distribución exprés en la capital y blanqueo de mercancía en puntos de venta informales.
A corto plazo, las autoridades se plantean reforzar los controles con herramientas tecnológicas desde códigos de trazabilidad hasta aplicativos móviles para denuncias ciudadanas e impulsar un régimen sancionador que vaya más allá de simples multas. En países como Ecuador y Kenia, la introducción de sellos digitales y el rastreo en tiempo real lograron reducir el contrabando de licores y cigarrillos en más de un 30 % durante los dos primeros años de implementación, según reportes de la Organización Mundial de Aduanas.
RIVLAS, que acaba de cumplir 37 años, insiste en que cada victoria contra el mercado negro suma mejora la recaudación, protege empleos y, sobre todo, asegura que lo que llega a la mesa o al vaso del consumidor dominicano cumpla con los estándares de calidad que exige la ley. En un país donde la informalidad todavía representa casi la mitad de la actividad económica, cerrar la llave del ilícito es tan estratégico como atraer inversión extranjera.
El mensaje que dejó la gran hoguera de Haina es claro el Estado y el sector privado pueden y deben caminar en la misma dirección. Porque mientras una sola botella fraudulenta siga colándose en los estantes, el reto estará lejos de quedar extinguido.
