En las calles dominicanas, donde las “motoritas” se han vuelto casi parte del paisaje urbano, siete de cada diez accidentes de tránsito involucran a un conductor de dos ruedas. Esa desproporción más de 3 000 muertes al año, dos tercios correspondientes a motoristas pinta un cuadro dramático que las autoridades ya califican como “epidemia nacional”.
Según registros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y del Sistema 9-1-1, el 70 % de los motociclistas fallecidos no llevaba casco certificado, un detalle que explica por qué la mayoría de los golpes resultan fatales. Esa fotografía estadística fue el punto de partida del Congreso Internacional “Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial”, celebrado esta semana en Santo Domingo, donde alcaldes y técnicos del hemisferio discutieron cómo cortar a la mitad esa mortalidad antes de 2030.
El programa estrella del Gobierno, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se propone recortar al menos un 15 % anual las muertes viales. Para lograrlo se ha reservado un presupuesto de 150 millones de dólares que financiará fiscalización dura (radares móviles, fotomultas y un sistema de puntos en la licencia), campañas de concienciación puerta a puerta y, sobre todo, la masificación de cascos homologados entre los motoconchistas.
La urgencia no es capricho. La República Dominicana ostenta una tasa estimada de 27,4 fallecidos por cada 100 000 habitantes, casi el doble del promedio latinoamericano (17,4) y muy por encima de la media mundial de 15,7, según el Informe Mundial de Seguridad Vial 2023 de la OMS. En números absolutos, la organización calculó 3 048 muertes en 2021, mientras el Intrant reportó 3 114 para 2024, señal de que el problema aún no da tregua.
Otros países de la región han demostrado que revertir la tendencia es posible. Uruguay, por ejemplo, redujo 34 % de sus muertes viales entre 2015 y 2023 tras endurecer la inspección técnica vehicular y obligar chalecos reflectantes en motos. Chile bajó un 23 % reforzando controles de velocidad en zonas rurales. Las propuestas dominicanas aplicar pruebas de alcoholemia aleatorias, crear carriles exclusivos para motocicletas y auditar cada tramo nuevo de carretera beben de esos casos de éxito y de los estándares Safe System que la ONU promueve desde 2011.
Aun así, dos piedras siguen en el zapato la recolección deficiente de evidencias tras un choque que deja muchos expedientes sin sanción y la falta de educación vial en las escuelas. El plan oficial contempla conectar las cámaras del 9-1-1 con la Procuraduría para blindar la cadena de custodia y, a la par, incluir seguridad vial como materia obligatoria desde primero de primaria.
De aquí a 2030, la meta es ambiciosa: que las motocicletas sigan siendo el transporte más ágil y barato, pero no el pasaporte a la sala de emergencias. Si el Pacto logra cristalizar y cada dominicano, ya sea conductor o peatón, asume su cuota de responsabilidad, las estadísticas dejarán de ser titulares trágicos para convertirse en un caso de estudio de éxito caribeño.
