Unos 250 activistas se plantaron ayer frente a la sede de la Comisión Europea, en pleno corazón de Bruselas, para exigir que la Unión Europea suspenda de inmediato todo intercambio comercial con Israel mientras continúen según denuncian las violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania. Convocados por casi treinta sindicatos y ONG, los manifestantes desplegaron kufiyyas, banderas palestinas y pancartas con el ya familiar reclamo “Stop the genocide”.
Según la crónica de la agencia EFE, colectivos como Al-Haq Europe y la Asociación Belgo-Palestina insisten en que el Acuerdo de Asociación UE-Israel, vigente desde 2000, “engorda una ocupación ilegal” al inyectar fondos y legitimidad política a Tel Aviv. Su objetivo inmediato recortar toda cooperación militar y bloquear exportaciones e importaciones de defensa que puedan alimentar el conflicto.
La presión callejera coincide con un movimiento similar dentro de los 27. Nueve Estados miembros entre ellos España, Bélgica e Irlanda enviaron la semana pasada una carta a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclamando un plan para frenar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales. Bruselas recuerda que el flujo bilateral de bienes con Israel alcanzó los €42 600 millones en 2024, con un superávit claro a favor del bloque comunitario.
En paralelo, el Consejo de Asuntos Exteriores examinó ayer un informe filtrado del Servicio Europeo de Acción Exterior que apunta “indicios” de incumplimiento israelí del artículo 2 del acuerdo la cláusula de derechos humanos por los bombardeos sobre hospitales, el bloqueo de ayuda y los desplazamientos forzosos en Gaza. No obstante, la mayoría de gobiernos, encabezados por Alemania e Italia, aboga por dar primero una “última oportunidad” de diálogo a Israel antes de activar sanciones, lo que deja la pelota botando en una cancha política cada vez más dividida.
Mientras tanto, ONG como Oxfam advierten de que la inacción europea “se mide en vidas” y que el tiempo corre en contra de una población civil atrapada entre la guerra y el hambre. Para los organizadores de la protesta, cualquier retraso legitima la idea de que la Unión “predica valores, pero los guarda en un cajón cuando hay intereses comerciales de por medio”. Con los ministros volviendo a sus capitales y los activistas planeando nuevas marchas, la pregunta se vuelve inevitable: ¿pondrá la UE sus principios por encima de los negocios, o seguirá comprando y vendiendo hasta que la presión interna sea irresistible?
