La mañana de este 10 de junio, el tramo que conecta la carretera Sánchez con la autopista Duarte volvió a vestirse de luto un choque múltiple en el Cruce de Ocoa terminó con la vida de Franchesca Feliz Peña, de 25 años, y del banilejo Alan Villalona, además de dejar ocho personas malheridas. El impacto, según los equipos de emergencia, fue tan violento que ambos fallecieron al instante por politraumatismos severos.
Entre los lesionados figuran Xiomara Encarnación, Nachi Rodríguez, Sugeily de la Cruz y Darlonia Cueva, así como Domingo Cuello, Víctor Medina, Soto Ruiz y Néstor Medina. Una parte de ellos fue estabilizada en el hospital Nuestra Señora de Regla, mientras que dos necesitaron traslado urgente uno al Traumatológico Ney Arias Lora de Santo Domingo y otro al Juan Pablo Pina de San Cristóbal, debido a fracturas complejas y traumas craneales. Las autoridades de la DIGESETT y de la Defensa Civil ya levantaron el acta técnica y revisan grabaciones de cámaras cercanas para determinar responsabilidades.
El Cruce de Ocoa acumula un historial preocupante apenas ayer otro percance menor obligó a desviar el tránsito durante horas, y en los últimos doce meses se han contado al menos siete colisiones con víctimas fatales en ese mismo punto, de acuerdo con reportes de la prensa local y registros municipales.
Detrás de cada tragedia asoman números que estremecen. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reconoce que 2024 cerró con más de 3 000 muertes viales, lo que mantiene al país en el podio latinoamericano de la siniestralidad. Para revertir la tendencia, el Gobierno firmó hace apenas dos semanas el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, comprometiéndose a recortar las víctimas mortales en un 15 % anual hasta 2030 con multas más altas, un sistema de puntos en las licencias y mejor fiscalización en las vías.
En Peravia, motoconchistas y conductores de guaguas aseguran que las curvas ciegas del cruce, el escaso alumbrado y la invasión de carril son la combinación letal. “Aquí la gente confunde la línea amarilla con pista de carrera”, lamenta un operador de la ruta Baní–Azua, mientras señala los pedazos de fibra de vidrio aún regados en el asfalto. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas han prometido instalar bandas sonoras, señalización reflectiva y un semáforo inteligente antes de que termine julio.
De comprobarse exceso de velocidad o conducción temeraria, los implicados enfrentarán multas que oscilan entre tres y cinco salarios mínimos, además de la suspensión temporal de la licencia. La Fiscalía de Tránsito informó que utilizará el nuevo protocolo de recolección de pruebas aprobado el mes pasado, que agiliza la cadena de custodia y reduce la impunidad en estos procesos.
Mientras las familias despiden a Franchesca y Alan, el accidente reaviva la conversación sobre la urgencia de convertir la seguridad vial en prioridad de Estado. Al final, cada kilómetro seguro depende tanto de la infraestructura como de una cultura ciudadana que ponga el respeto a la vida por encima del apuro de llegar primero.
