Santiago, RD. La calle 7 de Guarabo amaneció sacudida una mata de palma, reseca y ladeada desde hace meses, se desplomó sobre la motocicleta de David Blanco (62) cuando este hacía una carrera de motoconcho. Su pasajera, María Celeste Martínez (28), quedó herida y fue llevada de urgencia al hospital José María Cabral y Báez. Testigos claman que la tragedia “se veía venir”, pues la comunidad había denunciado el peligro en varias ocasiones sin recibir respuesta oficial.
No es un caso aislado. Hemerotecas locales recuerdan la muerte de Noé Gómez en 2022, aplastado por un árbol en pleno tapón de la Zona Universitaria, episodio que encendió solo por días el debate sobre la gestión del arbolado urbano.
Las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) demuestran que la caída de árboles figura entre los primeros reportes tras fenómenos atmosféricos. Durante los estragos del huracán Beryl (julio 2024), brigadas gubernamentales recogieron decenas de troncos en el Malecón de Santo Domingo y otras vías, afectando el tránsito y el tendido eléctrico. Algo similar ocurrió en 2024 en Santiago Rodríguez, donde un tornado tumbó varios flamboyanes y mangos, dejando techos perforados y cultivos arruinados.
Pese a la recurrencia, el protocolo para intervenir árboles de riesgo sigue siendo burocrático el Ministerio de Medio Ambiente exige un formulario y la justificación técnica para autorizaciones que involucren más de veinte ejemplares, lo que retrasa podas urgentes en sectores populosos. Especialistas advierten que, con el incremento de eventos extremos pronosticado por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), revisar estos procedimientos ya no es opcional, sino cuestión de seguridad ciudadana.
Mientras Guarabo vela a David Blanco maestro constructor de día, motoconchista de noche, la pregunta vuelve a la palestra ¿cuántas alertas comunitarias deben ignorarse antes de que las autoridades tomen la motosierra preventiva y no la ambulancia reactiva?
