Consuelo, San Pedro de Macorís. La calma del hospital municipal Dr. Ángel Ponce se rompió la noche del miércoles cuando dos hombres, en aparente estado de embriaguez, irrumpieron en la sala de espera exigiendo atención inmediata para su acompañante. Al negarles el turno preferencial, los visitantes desenvainaron armas blancas y arremetieron contra quienes aguardaban, dejando varios heridos antes de huir.
Fuentes del centro asistencial relataron que la discusión escaló en segundos primero fueron gritos, luego golpes y finalmente puñaladas. Personal de seguridad logró contener parcialmente la trifulca, pero el pánico ya se había esparcido. Los lesionados cuyas identidades no se han revelado reciben atención en ese mismo hospital, mientras la Policía Nacional rastrea a los agresores.
Aunque episodios de violencia en hospitales no son nuevos, el incidente de Consuelo revive la preocupación por la protección de pacientes y personal sanitario. Solo en 2024, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registró 79 hechos violentos dentro de centros públicos, cifra que obligó a reforzar la seguridad con militares y vigilantes privados en instalaciones estratégicas. A finales de 2024, ya se habían desplegado 15 soldados adicionales en el hospital Darío Contreras de la capital y otros cinco en el Arístides Fiallo de La Romana tras agresiones similares.
El Colegio Médico Dominicano insiste en que la violencia “es un cuento de nunca acabar” y reclama sanciones ejemplares contra los atacantes. Mientras, expertos en salud pública apuntan que la sobrecarga de emergencias, la falta de orientación a familiares y el consumo de alcohol o sustancias son caldo de cultivo para estallidos como el de Consuelo.
Mirada más amplia
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Déficit de seguridad: Pese a los refuerzos, muchos hospitales rurales dependen de uno o dos vigilantes sin herramientas suficientes para disuadir a visitantes armados.
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Protocolos inconsistentes: El triaje y los turnos no siempre se comunican con claridad, lo que eleva la frustración en momentos críticos.
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Impunidad percibida: Según el SNS, este año apenas 17 agresores han recibido prisión preventiva por hechos similares, el resto sigue en proceso judicial.
¿Qué sigue?
Las autoridades locales estudian instalar detectores de metales y cámaras adicionales en el Dr. Ángel Ponce, mientras se refuerza la capacitación del personal para manejar situaciones hostiles. Sin embargo, especialistas advierten que la solución no es solo “poner más guardias”, sino mejorar la comunicación con los familiares y agilizar la atención en emergencias para reducir tensiones.
En un país donde los hospitales ya luchan con recursos limitados, el altercado de Consuelo es otra señal clara de que la seguridad sanitaria debe pasar de ser una reacción a convertirse en política de Estado con financiamiento sostenido. Solo así se podrá garantizar que acudir a un centro de salud no implique un riesgo adicional para pacientes ni para quienes los atienden.
