La tranquilidad regresó al menos por ahora a varios barrios de Hato Mayor. Bajo la coordinación del coronel Robert Bienvenido Abreu De Jesús, la Policía Nacional decomisó decenas de bocinas y equipos de sonido que tronaban a todo volumen en viviendas, colmadones y vehículos, tras semanas de quejas de los vecinos.
El operativo forma parte de un plan preventivo que busca aplicar con firmeza la Ley 287-04, la normativa que prohíbe ruidos nocivos o molestos en zonas urbanas y faculta a las autoridades a confiscar los equipos de quienes persistan en la práctica. La advertencia es clara reincidentes serán referidos al Ministerio Público y podrían enfrentar multas de hasta 50 000 pesos, además de penas de prisión correccional si la violación persiste.
Dicha ley fija límites de 60 dB durante el día y 50 dB en horario nocturno para áreas residenciales, parámetros que están lejos de cumplirse cuando las bocinas callejeras alcanzan fácilmente los 90 dB. Para dimensionar el problema, basta recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 55 dB de promedio nocturno a fin de evitar trastornos del sueño y riesgos cardiovasculares.
No es la primera vez que la provincia adopta medidas drásticas. En marzo pasado, la Policía destruyó decenas de mofles alterados incautados en intervenciones similares, reafirmando su compromiso con la convivencia pacífica.
Voceros comunitarios celebran la respuesta oficial, aunque insisten en que la solución definitiva pasa por una cultura de respeto mutuo. Mientras tanto, las autoridades adelantan que los operativos continuarán de forma sorpresiva y exhortan a la ciudadanía a denunciar los focos de contaminación sonora para mantener el sosiego que merece Hato Mayor y el resto del país.
