Un operativo relámpago de la Policía Nacional terminó con la captura de Misrain Rubio Cruz, sorprendido mientras cargaba un rollo de unos 300 metros de conductor eléctrico valorado en miles de pesos y perteneciente a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). El arresto ocurrió en la calle Baltazar Álvarez del populoso sector Villa Consuelo, en pleno corazón del Distrito Nacional.
Según explicó la propia Edeeste, la intervención combinó inteligencia de su Dirección de Seguridad Corporativa, apoyo del Centro de Urgencias y la respuesta inmediata de agentes policiales destacados en la zona. Además del cable, a Rubio Cruz se le ocupó un celular que ahora forma parte de las evidencias del proceso.
Un delito que drena el sistema eléctrico
El hurto de energía y materiales no es un problema menor: solo en 2024 la República Dominicana perdió 37.6 % de la electricidad servida el nivel más alto en 15 años por fraudes, conexiones ilegales y pérdidas técnicas. En el caso particular de Edeeste, su propio gerente interino reconoció que más de la mitad de las pérdidas registradas en 2023 (53.6 %) se debieron al robo de energía y a dificultades de medición.
La Ley 125-01 de Electricidad clasifica estos hechos como fraude eléctrico y prevé sanciones que van desde multas millonarias hasta dos años de prisión, agravadas cuando hay reincidencia o afectación de redes críticas. De hecho, las distribuidoras han recordado recientemente que las penas pueden alcanzar diez años y multas de hasta 5 000 salarios mínimos, dependiendo del daño ocasionado.
Golpe al bolsillo de todos
Más allá de la persecución penal, el robo de cables encarece el kilovatio-hora para los clientes honestos. Entre enero y marzo de 2025, las distribuidoras recuperaron RD$ 102.25 millones y 8.39 GWh de energía solo por regularizar fraudes, evidencia de la magnitud del problema. Edeeste insiste en que cada metro de conductor sustraído retrasa reparaciones, obliga a redoblar cuadrillas y, al final, se traduce en interrupciones y tarifas más altas para la ciudadanía.
¿Qué sigue?
Rubio Cruz fue puesto a disposición del Ministerio Público y podría enfrentarse a cargos de sustracción agravada de bienes esenciales y fraude eléctrico. Mientras tanto, la distribuidora adelanta que reforzará los patrullajes mixtos con la Policía e instalará sensores anti-corte en los tramos más vulnerables de su red.
Para el consumidor común, la lección es sencilla cuando alguien “se roba la luz” o el cable, lo paga el vecino con apagones y facturas infladas. El caso de Villa Consuelo, aunque puntual, recuerda que la meta de reducir las pérdidas a un 20 % promesa largamente pospuesta solo será posible con firmeza judicial, inversión en infraestructura y cero tolerancia a la complicidad comunitaria.
