El viernes por la tarde, el alcalde de Newark, Ras Baraka, terminó esposado y trasladado al centro de detención Delaney Hall después de forzar su entrada al recinto y desoír las órdenes de los agentes federales. La escena presenciada por decenas de manifestantes y varios congresistas estatales añade un capítulo inesperado a la ya tensa relación entre la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Baraka y los legisladores Rob Menéndez Jr., Bonnie Watson Coleman y LaMonica McIver buscaban realizar lo que llamaron una “visita de supervisión” para verificar denuncias sobre presuntas irregularidades en la reapertura del centro, ahora administrado por la empresa privada GEO Group. Los funcionarios federales les advirtieron que la instalación alberga detenidos por delitos graves desde homicidio hasta agresiones sexuales a menores y recalcaron que el acceso requiere un procedimiento formal previo, el cual, aseguran, nunca se solicitó.
El trasfondo es un pulso político que lleva meses calentándose. Newark demandó a GEO Group el 1 de abril de 2025 por impedir el ingreso de inspectores municipales y ejecutar obras sin permisos. Baraka acusa a la compañía de “ignorar flagrantemente” las ordenanzas locales. GEO se defiende alegando que cuenta con todas las licencias y que el centro opera bajo estándares federales. Mientras tanto, activistas pro-inmigrantes denuncian falta de transparencia y temen que el retorno de Delaney Hall contradiga la ley estatal de 2021 que prohíbe nuevos contratos de detención migratoria en Nueva Jersey.
Ras Baraka, en el cargo desde 2014 y conocido por su postura progresista, venía elevando el tono contra las políticas migratorias federales. Sus detractores, sin embargo, lo acusan de montar un espectáculo. El Departamento de Seguridad Nacional calificó la irrupción de “maniobra política que puso en riesgo la seguridad de agentes y detenidos”.
Para Newark, la controversia también toca el bolsillo la ciudad busca frenar cualquier expansión de instalaciones gestionadas por GEO Group, un gigante penitenciario que factura más de US$ 2.200 millones anuales y que, según datos de su último reporte financiero, depende en un 54 % de contratos federales. Analistas locales temen que un litigio prolongado complique futuras inversiones y distorsione la estrategia de desarrollo urbano de la administración Baraka.
En el plano legal, el arresto no implica automáticamente cargos formales; la fiscalía deberá decidir si procesa al alcalde por allanamiento o desobediencia. Incluso si el caso no prospera, el episodio podría encender un debate mayor sobre la autoridad de las ciudades frente a instalaciones federales, justo cuando Nueva Jersey lidia con la llegada de migrantes transportados desde la frontera sur.
Por ahora, Delaney Hall sigue operando. ICE insiste en que cualquier visita “será bienvenida” si se tramita conforme al protocolo. Baraka, liberado horas después con una citación pendiente, prometió volver a intentar entrar “por las vías que la ley permita”. Su choque con ICE podría convertirse en un test de fuerza cuyo saldo político, legal y humano todavía está por escribirse.
