Un silencio incómodo quebró la madrugada de Palm Beach cuando, pasadas las 12:00 a. m., un joven de 23 años terminó esposado a pocos metros del salón principal de Mar-a-Lago. El visitante procedente de Texas había escalado el muro con la firme convicción, según declaró a los agentes, de «difundir el evangelio» y pedir la mano de Kai Trump, nieta del exmandatario. Si bien nadie resultó herido, el susto volvió a desnudar las grietas de seguridad que rodean la residencia-club donde Donald Trump pasa buena parte de su tiempo.
De acuerdo con el parte policial de Palm Beach y la reseña oficial del Servicio Secreto, el intruso quedó bajo custodia minutos después de tocar suelo dentro del complejo. A las autoridades les explicó que quería hablar “directamente” con el expresidente sobre temas de fe y matrimonio. La identidad del detenido permanece reservada mientras se formalizan los cargos por allanamiento a una instalación considerada de acceso restringido para exjefes de Estado.
Este no es un caso aislado. En 2019, la ciudadana china Yujing Zhang recibió ocho meses de cárcel tras ser hallada con dispositivos electrónicos y mentir a los agentes al intentar entrar sin invitación a Mar-a-Lago. En 2022, un surfista despistado acabó esposado después de nadar hasta la playa privada del club sin autorización. Cada episodio reaviva la controversia ¿cuán blindado está un recinto que mezcla vida privada, negocios y política de alto nivel?
Para el Servicio Secreto, custodiar a un expresidente fuera de los muros formales de la Casa Blanca es un reto logístico y costoso que obliga a coordinarse con cuerpos locales y, a menudo, con seguridad privada. El perímetro en Mar-a-Lago cuenta con sensores de movimiento, cámaras térmicas y patrullas permanentes, pero aun así han ocurrido al menos cuatro intentos de intrusión desde 2017. Expertos en protección ejecutiva advierten que la naturaleza semipública del club (donde socios y empleados varían a diario) multiplica los puntos vulnerables.
En el plano legal, el joven texano encara cargos estatales por allanamiento y podría sumar violaciones al Título 18, Sección 1752 del Código de EE. UU., que penaliza el ingreso no autorizado a áreas protegidas ocupadas por dignatarios. Dependiendo de la acusación final, la condena puede ir de simple multa a varios años de prisión. Fuentes judiciales señalan que el tribunal valorará su estado mental y la ausencia de antecedentes violentos antes de decidir medidas cautelares.
Más allá del susto, el episodio deja preguntas abiertas sobre la cultura de celebridad que rodea a la familia Trump y la magnetización que ejerce sobre seguidores fervorosos. Analistas de extremismo digital han documentado cómo ciertos grupos religiosos promueven la idea de una “misión divina” vinculada al exmandatario, alentando acciones que bordean la ilegalidad. A falta de resultados electorales definitivos en 2024, el clima hiperpolítico de 2025 parece seguir inspirando gestos inusuales en nombre de la fe o la lealtad.
Por ahora, el intruso espera su comparecencia ante un juez floridano; el Servicio Secreto revisa protocolos internos; y Mar-a-Lago vuelve a abrir sus puertas a socios adinerados bajo un sol que no distingue titulares. Lo único claro es que cada escalada literal o figurada obliga a replantear cómo proteger a figuras públicas en espacios creados, paradójicamente, para ser vitrina y refugio al mismo tiempo.
