La crónica de un viaje romántico que terminó en tragedia ha puesto a todo el subcontinente y al mundo a mirar hacia el estado montañoso de Meghalaya. Allí, las autoridades acusan a Sonam Raghuvanshi, de 25 años, de contratar sicarios para quitarle la vida a su esposo Raja durante la luna de miel, apenas tres semanas después de su boda concertada.
Según la agencia EFE, Sonam habría prometido hasta dos millones de rupias a su presunto amante, Raj Kushwaha, y a tres cómplices más para ejecutar el plan. El rastro de la pareja se perdió el 23 de mayo cerca de las cascadas Wei-Sawdong; el cuerpo de Raja apareció diez días después en el fondo de un desfiladero con múltiples heridas punzantes.
La policía sostiene que el crimen se coordinó a distancia Raj manejó los hilos desde Uttar Pradesh mientras los sicarios interceptaban a la pareja en un sendero turístico. Un descuido de Sonam habría dejado su teléfono encendido y sin borrar los mensajes terminó dándole a los investigadores la pista definitiva que los condujo a los arrestos, según filtraciones del expediente recogidas por la prensa local.
Aunque los matrimonios concertados siguen siendo la norma en la India representan hasta el 90 % de las uniones, de acuerdo con estudios académicos, el caso reaviva el debate sobre la presión social y la violencia intrafamiliar en este tipo de acuerdos. Curiosamente, las estadísticas muestran que los enlaces “por amor” se divorcian mucho más (20-30 %) que los arreglados (1-2 %), pero esa aparente estabilidad no siempre implica armonía.
El telón de fondo también incluye un aumento sostenido de los crímenes contra mujeres: el último informe del National Crime Records Bureau registró 4 45 256 casos en 2022, un salto del 4 % respecto al año anterior. Las denuncias por “crueldad del esposo o sus parientes” encabezan la lista, seguidas de secuestros y agresiones. En ese contexto, el “Operativo Luna de Miel” como lo bautizó la prensa india se convierte en símbolo de un problema mayor la facilidad con la que la violencia puede esconderse tras la fachada de un matrimonio tradicional.
Mientras el tribunal de Meghalaya decide si mantiene a los cinco acusados bajo custodia preventiva o los envía a prisión formal, la familia de la víctima clama justicia y la opinión pública se pregunta cuántos casos parecidos no llegan jamás a los titulares. Los fiscales ya advirtieron que solicitarán la pena máxima disponible. Si prospera la acusación, este será recordado no solo como un asesinato espeluznante, sino como un llamado urgente a repensar las dinámicas de poder y protección en las uniones concertadas de la India.
