BOGOTÁ El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. Los médicos reportan que su situación sigue siendo “crítica pero estable” tras las intervenciones de emergencia practicadas para contener las lesiones en la cabeza y la pierna.
Según la agencia EFE, los especialistas mantienen un monitoreo constante para mitigar el riesgo de nuevas complicaciones, mientras la familia y sus simpatizantes sostienen una vigilia permanente a las puertas del centro asistencial.
El atentado ocurrió la tarde del 7 de junio en el barrio Modelia, cuando un menor de apenas 14 años contratado, según las pesquisas preliminares, por redes criminales locales abrió fuego contra el acto de campaña. El disparo que impactó la cabeza del político de 39 años cambió, en cuestión de segundos, el pulso de una contienda que apenas despuntaba hacia las presidenciales de 2026.
La reacción fue inmediata: varios aspirantes, entre ellos Claudia López y David Luna, suspendieron giras proselitistas y exigieron al Gobierno de Gustavo Petro garantías reales de seguridad. Organismos como Human Rights Watch alertaron que la agresión “revive los capítulos más oscuros de la violencia política” y pidieron desescalar la retórica incendiaria que domina el debate público.
Las cifras confirman el temor. Solo en las elecciones locales de 2023 la Misión de Observación Electoral documentó 176 agresiones contra candidaturas, incluidas 22 que terminaron en atentados, una tendencia que no muestra señales de revertirse.
El Ejecutivo ofreció recompensas y prometió reforzar los esquemas de protección, pero la incertidumbre persiste. Analistas recuerdan que el país arrastra un historial de magnicidios que va desde Luis Carlos Galán en 1989 hasta ataques más recientes contra líderes regionales. La polarización, alimentada por discursos que convierten al rival político en enemigo, ha puesto a Colombia frente a una bifurcación peligrosa: garantizar el juego democrático o retroceder hacia la espiral de miedo que marcó los años noventa.
Mientras la campaña queda en pausa y la sociedad aguarda noticias alentadoras desde la UCI, la escena política se replantea sus propias reglas de seguridad. De la respuesta estatal y la capacidad de la dirigencia para moderar el tono dependerá que las balas de Modelia no definan, otra vez, el futuro de la democracia colombiana.
