La Fiscalía colombiana puso tras las rejas a Katerine Andrea Martínez Martínez, de 19 años, señalada de haber entregado la pistola Glock 9 mm al menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá. La joven fue detenida en Florencia, Caquetá, y trasladada a la capital, donde un juez de control de garantías definirá si queda recluida mientras avanza el proceso.
Según El Colombiano, la Fiscalía le imputó tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para cometer delitos; Martínez no aceptó los cargos y su audiencia de medida de aseguramiento quedó fijada para este martes 17 de junio. El expediente también vincula a su pareja, Carlos Eduardo Mora González, presunto conductor del vehículo que sirvió de apoyo logístico.
Videos difundidos por medios nacionales muestran la captura la joven con el cabello teñido, esposada y escoltada hasta un avión policial que la condujo a Bogotá. De acuerdo con Infobae, los investigadores rastrearon pagos y comunicaciones que la ubican en la entrega del arma y la ruta de fuga hacia el sur del país.
Mientras tanto, Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. El último parte médico indica que fue sometido a una cirugía de emergencia por hemorragia cerebral y su pronóstico sigue reservado, aunque los especialistas reportan signos de estabilidad neurológica.
El uso de menores en atentados políticos no es nuevo en Colombia cifras de la Defensoría del Pueblo documentan más de 120 casos en la última década, principalmente asociados a redes de microtráfico y grupos armados residuales. Analistas advierten que estos reclutamientos se intensifican en años preelectorales, cuando la polarización eleva la demanda de “sicarios desechables” que, por su edad, reciben penas sustancialmente menores.
La indignación ciudadana va en aumento. Más de 70 000 personas marcharon el 15 de junio en las principales ciudades para repudiar la violencia y exigir garantías democráticas, una movilización que reunió desde figuras religiosas hasta políticos de todo el espectro ideológico.
Con las presidenciales de 2026 a la vuelta de la esquina, el atentado revela la fragilidad de la seguridad política y presiona al gobierno Petro a reforzar su estrategia contra el crimen organizado. A corto plazo, la clave será desmantelar la red que financió y coordinó el ataque: cada nueva captura acerca a la Fiscalía a los autores intelectuales, cuyas identidades por ahora siguen en la sombra.
