El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dio un giro histórico al acusar por narcoterrorismo a Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, y a su hijo Pedro Inzunza Coronel, conocido como “El Pichón”, señalados de inundar el territorio norteamericano con cargamentos de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína.
Según la agencia EFE, las imputaciones fueron formalizadas ante un tribunal federal de San Diego luego de que Washington catalogara al Cartel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, amparándose en una orden ejecutiva firmada en febrero por el entonces presidente Donald Trump.
De capos a objetivos terroristas
Las autoridades federales sostienen que los Inzunza, veteranos en la ruta Colombia-México-EE.UU., evolucionaron del clásico tráfico de cocaína a una estrategia basada en drogas sintéticas sobre todo fentanilo que hoy deja más de 70 000 muertes anuales por sobredosis en suelo estadounidense, de acuerdo con cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicadas en 2024. Este nuevo enfoque represivo permite al DOJ usar herramientas de contraterrorismo: congelar activos globales, perseguir colaboradores y agilizar extradiciones.
Adam Gordon, fiscal del distrito sur de California, anunció la creación de una Unidad de Narcoterrorismo que promete una “cacería” a gran escala. Aunque el término suene a retórica, los precedentes lo respaldan tras la designación de Hezbolá como grupo narcoterrorista, la DEA consiguió 15 extradiciones en menos de dos años, y ahora Washington pretende replicar el modelo contra los cárteles mexicanos.
Implicaciones para México y la región
El gobierno mexicano, hasta ahora reacio a la etiqueta de “terrorismo” para organizaciones criminales domésticas, enfrenta presiones crecientes. Legisladores estadounidenses han insinuado posibles operaciones unilaterales si no hay avances tangibles. Mientras tanto, expertos de la Universidad de Texas alertan que la tipificación terrorista podría complicar la cooperación binacional en seguridad e incluso abrir la puerta a sanciones económicas.
Para República Dominicana, nodo logístico emergente en el Caribe, la jugada es un campanazo de alerta. Fuentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana confirman un repunte de incautaciones de fentanilo desde 2023, y temen que la presión sobre la frontera norteamericana empuje a los carteles a diversificar rutas por la región.
¿Qué cambia realmente?
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Facultades ampliadas del DOJ: los fiscales pueden aplicar estatutos antiterroristas que conllevan penas de cadena perpetua sin posibilidad de reducción.
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Cooperación internacional reforzada: la clasificación de narcoterrorismo habilita a Interpol a emitir circulares rojas con mayor rapidez.
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Sanciones financieras inmediatas: el Departamento del Tesoro está autorizado a bloquear cuentas bancarias vinculadas, incluso en paraísos fiscales.
No obstante, especialistas como la criminóloga Vanda Felbab-Brown advierten que la etiqueta terrorista no sustituye políticas de salud pública que atiendan la demanda de opioides. “Perseguir capos es necesario, pero sin prevención ni tratamiento la crisis de fentanilo seguirá cobrando vidas”, señaló en un reciente foro del Brookings Institution.
Un mensaje para los demás cárteles
La acusación de San Diego envía un recado contundente la era en que los líderes narcos negociaban reducciones de pena a cambio de testificar parece agotarse. Gordon fue explícito “No hay trato posible; van directo a un tribunal antiterrorista”. Esa postura podría acelerar fracturas internas en el Cartel de Sinaloa y, por extensión, recrudecer la violencia en los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora y Baja California.
Mientras los Inzunza siguen prófugos, los federales redoblan esfuerzos junto a Europol y autoridades colombianas para cerrar el cerco. Si son capturados, serán juzgados en California, donde la narrativa judicial ya no los pinta como simples narcos, sino como actores terroristas que amenazan la seguridad nacional de EE.UU.
Mirando al futuro
El movimiento del DOJ marca un precedente que podría redefinir la lucha antidrogas a nivel continental. Falta ver si otros países adoptan la misma lógica o prefieren estrategias menos beligerantes. Por ahora, el mensaje es claro: el tráfico de fentanilo dejó de ser solo un asunto de salud pública y se convirtió, a ojos de Washington, en un desafío de seguridad del más alto nivel.
