La tragedia del pasado 8 de abril cuando el techo del icónico club Jet Set colapsó y provocó 236 muertes y más de 180 heridos sigue sacudiendo a la opinión pública dominicana. El proceso penal recién comienza, y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) salió al frente para defender la autonomía de la magistrada Fátima Veloz, quien decidió imponer medidas de coerción distintas a la prisión preventiva a los imputados.
Trajano Potentini, presidente del CARD, recordó que la jueza actuó dentro de los márgenes constitucionales la resolución no absuelve a nadie ni cierra la puerta a futuras condenas; apenas marca la línea de salida para que el Ministerio Público sustente su acusación y las víctimas hagan valer sus derechos. Desde su óptica, pedir 18 meses de cárcel preventiva en un hecho cuya pena salvo agravantes rondaría de tres meses a dos años resulta jurídicamente desproporcionado.
La posición del gremio reabre un viejo debate el desfase del Código Penal, vigente desde finales del siglo XIX y varado en el Congreso pese a varios intentos de actualización. El propio presidente Luis Abinader ha admitido públicamente que la reforma sigue “empantanada” y con artículos que debilitan la lucha contra el delito.Ese rezago deja a los jueces maniobrando con herramientas que a menudo no responden a la gravedad social de hechos como el caso Jet Set.
Potentini también alertó sobre la “satanización” de los jueces campañas de linchamiento mediático, filtraciones selectivas y presión callejera que buscan inclinar la balanza procesal. Para el CARD, convertir cada audiencia en un espectáculo erosiona la confianza en el sistema y coloca a los magistrados entre el rigor de la ley y el clamor popular un equilibrio frágil que la Constitución pretende blindar.
El gremio llamó al Congreso a acelerar la modernización penal, tipificar agravantes específicos y garantizar penas proporcionales sin sacrificar garantías. Mientras tanto, enfatizó que la única justicia posible es la que se rige por el debido proceso pruebas sólidas, debate público en sala y veredicto motivado. A pesar del dolor de las familias y la comprensible indignación nacional, recordaron, la democracia dominicana se sostiene o se hunde en la independencia de quienes la juzgan.
