La crisis humanitaria que sacude a Colombia entra en terreno alarmante. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los desplazamientos masivos aumentaron 128 % y los confinamientos 70 % en los primeros cinco meses de 2025, comparados con igual periodo de 2024. Más de 68 200 personas tuvieron que abandonar su hogar y otras 91 000 quedaron atrapadas en sus veredas por los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, el uso de artefactos explosivos y la expansión de economías ilícitas.
Según la agencia española EFE, estas cifras confirman una espiral de violencia que se ensaña con las zonas rurales del Pacífico, el noroeste y la frontera con Venezuela, donde los actores ilegales ELN, disidencias de las FARC y grupos narcoparamilitares libran disputas a fuego cruzado.
El mapa del miedo se expande
La OCHA advierte que la violencia ya golpea municipios que antes no figuraban en el radar humanitario. Un caso emblemático es Acandí (Chocó), en la frontera con Panamá, que vio desplazarse a más de 400 personas este año. En la convulsa subregión del Catatumbo (Norte de Santander), el recrudecimiento de los choques entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC obligó a familias campesinas a abandonar sus parcelas mientras persisten amenazas y homicidios selectivos.
Las ráfagas bélicas también dispararon otras alertas: restricciones severas a la movilidad (+56 %), ataques contra civiles (+12 %) y víctimas de minas antipersonal (+5 %), un indicador que había caído en años anteriores.
La ONU, con las manos atadas en el Cauca
La situación se complicó aún más cuando el Estado Mayor Central (EMC) la principal disidencia de las antiguas FARC prohibió en mayo el ingreso del Sistema de Naciones Unidas a vastas zonas del departamento del Cauca. La medida paralizó proyectos humanitarios de al menos nueve agencias y deja en vilo a 282 000 personas que dependen de asistencia en salud, protección y desarrollo rural.
Lluvias que rematan la tragedia
Como si fuera poco, la primera temporada de lluvias causó desbordamientos de ríos e inundaciones que afectaron a más de 143 000 personas tan solo en mayo y a 397 100 entre enero y mayo. Las comunidades indígenas y afrodescendientes del Pacífico, la Amazonía y la región de La Mojana un mosaico de ciénagas entre Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia sufrieron daños en puentes, escuelas y cultivos. OCHA calcula que unas 60 000 personas adicionales podrían requerir ayuda humanitaria si las precipitaciones continúan con la misma fuerza
Detrás de los números, rostros y territorios olvidados
La Defensoría del Pueblo subraya que entre enero y abril de 2025 al menos 66 141 personas fueron desplazadas solo en el Catatumbo, mientras 11 490 quedaron confinadas por los combates. Al mismo tiempo, el Registro Único de Víctimas del Gobierno contabiliza más de 8,8 millones de personas afectadas históricamente por el desplazamiento forzado, un cuarto de la población colombiana.
Este panorama coincide con las conclusiones del último informe de Idesco (Internal Displacement Monitoring Centre), que sitúa a Colombia entre los tres países con más desplazados internos a escala global, solo superado por Sudán y la República Democrática del Congo.
¿Qué viene ahora?
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Estancar la disputa territorial. Analistas consultados por La Silla Vacía sostienen que, mientras el Gobierno intenta avanzar en diálogos regionales, la fragmentación de los grupos armados complica cualquier tregua de alcance nacional.
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Reactivar el acceso humanitario. Sin presencia de la ONU en el Cauca, organizaciones locales denuncian un vacío que aumenta el riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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Mitigación climática urgente. Con el fenómeno de La Niña pronosticado para la segunda mitad de 2025, entidades como la Cruz Roja advierten que las inundaciones podrían duplicar el número de damnificados si no se refuerzan los diques y se limpian los cauces.
Mirada dominicana
Desde el Caribe sabemos que la violencia narra una historia, pero las cifras cuentan la otra mitad. El reto para Colombia no solo es frenar las balas sino también reparar el tejido social de los campos olvidados. De lo contrario, cada aguacero o cada nuevo frente guerrillero seguirá dejando miles de familias a la intemperie.
OCHA calcula que necesita US$ 355 millones para atender la emergencia humanitaria en 2025, pero solo ha recibido 28 % de ese monto. La brecha de financiamiento deja a cientos de miles de colombianos con una ayuda que llega tarde, cuando llega.
Con este telón de fondo, la paz total que pregona el presidente Gustavo Petro se enfrenta a su prueba más dura traducir los diálogos en territorios seguros, libres de minas y con escuelas abiertas, antes de que la próxima temporada de lluvias vuelva a poner a prueba la resiliencia de los más vulnerables.
