Jamundí, Valle del Cauca. Cuatro integrantes del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) acabaron tras las rejas tras una operación conjunta de Policía, Ejército y Fiscalía que les cayó este 26 de junio en plena zona urbana de Jamundí. A los capturados se les achaca la ola de explosiones y hostigamientos del pasado 10 de junio, que dejó ocho muertos y más de 40 heridos entre los departamentos de Valle y Cauca.
Según la agencia EFE, la Fiscalía les imputa concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Durante la redada les incautaron una pistola, munición de distintos calibres, dinero en efectivo y propaganda alusiva al EMC, estructura que desde hace meses disputa el control de los corredores de cocaína que conectan con el Pacífico.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, explicó que los cuatro forman parte de “las redes de apoyo urbanas” que montaron los artefactos explosivos y coordinaron hostigamientos casi simultáneos en Jamundí, Potrerito y la vía Panamericana. De los 19 ataques que reseña la Policía, al menos siete ocurrieron en Jamundí; sin embargo, otras fuentes como las reconstrucciones independientes recopiladas por El País hablan de 24 acciones coordinadas esa misma jornada, incluidas ráfagas de fusil contra patrullas y un carro bomba estacionado frente a la Alcaldía de la ciudad.
¿Por qué Jamundí?
Jamundí se ha convertido en punto clave de la guerra por el suroccidente: es la puerta de entrada al puerto de Buenaventura y, al mismo tiempo, la retaguardia natural de las rutas que suben al Cañón del Micay, principal bastión cocalero del EMC. Tras el golpe militar de 2024 que obligó al frente Carlos Patiño a replegarse en Cauca, la facción de alias Iván Mordisco reforzó el Jaime Martínez para no perder terreno y, de paso, presionar al Gobierno Petro en la mesa de diálogos que fracasó en abril pasado.
En ese pulso, la inteligencia castrense ya había dado de baja el 14 de junio a alias Cholinga, explosivista señalado de manejar drones y motos-bomba en Cali y Jamundí. Aun así, la captura de esta célula urbana confirma que la organización conserva personal logístico suficiente para operar más allá de la cordillera.
Impacto y respuesta estatal
Las autoridades cifran en 0,20 GWh las pérdidas económicas por la interrupción del servicio eléctrico que siguió a las detonaciones, y estiman en más de 4.000 millones de pesos los daños acumulados en infraestructura pública y privada. El gobernador del Valle, Dilian Francisca Toro, exigió al Ejecutivo mantener el pie de fuerza mientras se restablece la seguridad en la vía a Puerto Tejada.
Por ahora, los capturados fueron enviados a audiencia de control de garantías en Cali. La Fiscalía asegura que pedirá medida de aseguramiento intramuros para todos, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. Voceros de derechos humanos en Jamundí, no obstante, alertan de posibles retaliaciones contra líderes comunitarios que colaboraron con la Fuerza Pública.
Entre la paz total y la realidad
El presidente Gustavo Petro defiende su estrategia de “paz total”, pero los números hablan de un recrudecimiento de la violencia solo entre enero y mayo de 2025, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró 27 ataques del EMC en Cauca y Valle, 40 % más que en el mismo periodo del año anterior. Analistas sostienen que la fragmentación de las disidencias genera mandos locales con mayor autonomía táctica, lo que complica cualquier negociación centralizada.
Para el coronel retirado Jorge Mora, ex-jefe del Comando Conjunto de Occidente, la captura de esta célula “es un golpe quirúrgico, pero no resuelve el fondo del problema la presencia territorial y la economía ilegal que los financia”. Entretanto, los habitantes de Jamundí vuelven a su rutina con la sombra de un conflicto que sigue llamando a la puerta.
