Santo Domingo. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) desmintió las versiones que hablaban de una supuesta “casa de acogida” exclusiva para menores haitianos en Dajabón y precisó que la iniciativa a la que se alude corresponde a un centro transitorio propuesto por organizaciones sociales para atender cualquier niño o niña en situación de vulnerabilidad en la región noroeste.
Según una nota institucional del CONANI, la entidad respalda programas de protección temporal que garanticen los derechos fundamentales de todos los menores en territorio dominicano, sin distinción de nacionalidad, tal como mandan la Constitución y la Ley 136-03 de Protección Integral.
El organismo recordó que ya aplica el “Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana”, que fija pasos concretos evaluar cada caso, suplir necesidades básicas, determinar arraigo familiar en el país o, en su defecto, coordinar un retorno asistido y documentado a Haití en conjunto con la Dirección General de Migración.
Cifras oficiales revelan que, solo en el primer trimestre de 2025, se atendieron 229 menores no acompañados 63 fueron reintegrados con parientes en suelo dominicano y 166 regresaron de forma asistida a Haití, bajo la tutela del Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR).
La presión humanitaria no es menor. UNICEF advierte que la inseguridad y el desplazamiento interno en Haití afectaron a más de 100 000 personas la mitad, niños solo entre febrero y abril, situación que empuja a muchos a cruzar la frontera en busca de refugio.
A la par, organismos internacionales señalan un incremento de deportaciones desde República Dominicana: en enero pasado se registraron más de 31 000 retornos, muchos de ellos de niños y adolescentes que viajan solos, exponiéndolos a nuevos riesgos al llegar a Belladère y otras zonas fronterizas.
Especialistas en protección infantil insisten en que la clave está en fortalecer la red de centros transitorios con supervisión de CONANI y respaldo de la sociedad civil para que cada menor reciba atención médica, acompañamiento psicosocial y una evaluación migratoria justa, evitando improvisaciones que puedan agravar su vulnerabilidad.
