El Tribunal Colegiado de La Vega sentenció a 20 años de prisión y al pago de cuatro millones de pesos a Melvin Julián Quelix Serrata por el brutal asesinato de su pareja, Rosanna Del Carmen Acosta Veloz, ocurrido el 21 de marzo de 2024 en el sector Venecia de Jarabacoa.
Según el expediente judicial sustentado por el Ministerio Público, Quelix Serrata atacó a la joven de 24 años con un cuchillo y un bisturí tras una discusión motivada porque ella planeaba viajar a Santo Domingo; la degolló y luego intentó quitarse la vida ingiriendo veneno y cortándose las venas. Las juezas Lucrecia Rodríguez, Julissa Candelario y Miledys Rodríguez ordenaron que la pena se cumpla en el CCR El Pinito de La Vega.
Este veredicto se inscribe en un esfuerzo estatal por frenar la violencia machista. De acuerdo con cifras oficiales compiladas por la prensa, la República Dominicana registró 65 feminicidios en 2023 y 63 en 2024; hasta el 21 de mayo de 2025 ya se habían contabilizado 28 casos, una leve baja que las autoridades atribuyen a una respuesta penal más rápida y a programas de prevención.
El Gobierno sostiene que la estrategia “Garantía de Paz” que desplegó operativos en 31 provincias y atendió más de 61 000 denuncias de violencia de género en 2024 es parte del descenso estadístico. Los reportes oficiales también destacan 8 450 órdenes de arresto y 372 mujeres acogidas en refugios durante ese año.
Especialistas, sin embargo, advierten que la tendencia sigue siendo alarmante. El Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, elaborado con acompañamiento de la CEPAL, subraya que el país necesita reforzar la coordinación interinstitucional y garantizar recursos permanentes para educación preventiva y atención psicológica a agresores y víctimas.
Al confirmar la sentencia, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, reiteró que “no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de las mujeres”. La sociedad civil presiona para que ese compromiso se traduzca en más casas de acogida, protocolos de riesgo tempranos y tribunales especializados que eviten la revictimización.
Casos como el de Rosanna Acosta recuerdan que cada estadística tiene nombre y apellido. El reto inmediato es convertir condenas ejemplares en políticas capaces de proteger, antes de que la violencia cruce el punto sin retorno.
