Puerto Plata. El Tribunal Colegiado de esta jurisdicción sentenció a Waster Rafael Mancebo Pérez a 30 años de prisión por el homicidio del ciudadano alemán Gunther Holger Botschek, ocurrido el 16 de enero de 2023 en una vivienda del ensanche Dubreau. La condena, que deberá cumplirse en el CCR San Felipe, incluye además el pago de las costas penales y civiles correspondientes.
El expediente del Ministerio Público detalla que el conflicto se desató cuando Mancebo falsificó, en 2021, un contrato de venta del solar perteneciente al extranjero. La firma fue declarada apócrifa por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), detonando la disputa que dos años más tarde culminó en violencia dentro de la misma casa.
Según la autopsia judicial 043-2023, Botschek recibió múltiples golpes con objetos contundentes que le provocaron trauma craneoencefálico severo, laceraciones en tórax y cuello y claros signos de estrangulamiento. La combinación de estas lesiones produjo hipoxia cerebral. Al llegar la Policía, halló a Mancebo con manchas de sangre en las manos y un relato que se desmoronó ante las pruebas forenses y testimoniales.
Aunque los homicidios contra extranjeros son raros, cada caso pone a prueba la imagen turística del país. De hecho, la Policía Nacional sitúa la tasa acumulada de homicidios en 7.93 por cada 100 000 habitantes al 25 de abril de 2025, de los cuales solo 1.62 puntos corresponden a víctimas no dominicanas.
El dato confirma la tendencia bajista subrayada por Insight Crime, que reportó una reducción del 16.4 % en la tasa nacional de homicidios durante 2024, tercer año consecutivo de caída.
En lo jurídico, la sentencia recuerda el techo punitivo vigente: 30 años de reclusión es la pena máxima que contempla el Código Penal dominicano para los delitos de asesinato, parricidio e infanticidio (arts. 296-302). Este límite, vigente desde hace décadas, vuelve a la palestra en los debates sobre una reforma que endurezca las sanciones para crímenes de especial crueldad.
El caso deja otra lección la falsificación documental en transacciones inmobiliarias sigue siendo un caldo de cultivo para conflictos violentos, sobre todo en polos turísticos como Puerto Plata. Juristas consultados sugieren reforzar la verificación notarial y extender el uso de firmas electrónicas certificadas antes de 2026, tal y como exige la Ley 339-22 sobre Administración de Bienes.
Mientras esas reformas aterrizan, la condena a Mancebo envía un mensaje rotundo en la justicia dominicana no hay atajos ni con papeles falsos ni con sangre ajena para quienes pretendan adueñarse de lo que no les corresponde.
