El Tribunal Colegiado de Montecristi sentenció ayer a cuatro miembros activos del Ejército dominicano y a once civiles por integrar la red de tráfico de indocumentados conocida como Caso Frontera. Las penas más altas 15 años de cárcel recaen sobre los uniformados, a quienes la justicia consideró traidores a su juramento de proteger la línea limítrofe con Haití.
Según un comunicado del Ministerio Público, la investigación demostró que los cabecillas militares cobraban peajes clandestinos y daban “luz verde” a caravanas nocturnas que cruzaban por Dajabón y Montecristi. Junto a ellos, los civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna recibieron 10 años por orquestar la logística, mientras transportistas y lugartenientes obtuvieron penas de cinco años.
El expediente detalla que la haitiana Edna Josep coordinaba casas de seguridad donde los migrantes esperaban documentos falsos y nuevos “pases” hacia el interior. Los fiscales presentaron chats, depósitos bancarios y grabaciones que, según el fallo, prueban una estructura piramidal con ganancias superiores a los RD$40 millones en un solo trimestre.
Más allá del estrado, los números respaldan la preocupación oficial solo entre enero y abril de 2025 Migración deportó a 119 003 haitianos 71 % más que en el mismo lapso de 2024 presionando los centros de retención fronterizos y los presupuestos locales. Analistas advierten que el repunte coincide con la grave crisis alimentaria que atraviesa Haití, donde 5,7 millones de personas padecen inseguridad alimentaria severa.
Especialistas en derecho fronterizo celebran la sentencia como “un stop en seco” para militares tentados por sobornos fáciles. No obstante, recuerdan que la redada se originó en la Operación Frontera, un amplio despliegue iniciado tras denuncias comunitarias; de ahí que el reto ahora sea mantener la vigilancia constante y ampliar los controles internos de las Fuerzas Armadas.
Fuentes jurídicas consultadas prevén apelaciones, pero coinciden en que el precedente sentará las bases para procesar casos similares con mayor rapidez. Mientras tanto, el Ministerio Público evalúa nuevas imputaciones contra colaboradores civiles que alojaban migrantes en Santiago y Puerto Plata, así como la posible incautación de cinco fincas y diez vehículos vinculados a la red.
Con este fallo, la justicia envía un mensaje claro la frontera no es tierra de nadie y el uniforme no blinda la impunidad. Si las condenas sobreviven a segunda instancia, los cabecillas cumplirán su pena en el CCR El Pinito, el mismo recinto donde permanecen otros militares implicados en corrupción migratoria. De prosperar las reformas prometidas escáneres biométricos, drones y rotación periódica de destacamentos las autoridades esperan sellar la grieta que, durante años, convirtió la línea noroeste en autopista de la ilegalidad.
