Dos congresistas por el estado de Nueva York, Dan Goldman y Jerrold Nadler, vivieron este martes una escena tensa al ser impedidos de ingresar a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan. El intento de entrada, según expresaron, buscaba inspeccionar las condiciones de los migrantes detenidos, luego del polémico arresto del contralor Brad Lander dentro del mismo edificio, apenas un día antes.
Según NBC News, ambos legisladores llegaron al icónico edificio 26 Federal Plaza con la intención de ejercer su rol de supervisión sobre instalaciones federales, pero fueron detenidos en la entrada por agentes que alegaban restricciones en el acceso a ciertas áreas. “¿Qué esconden? ¿Por qué no podemos entrar?”, cuestionó Goldman frente a la prensa, resaltando su preocupación sobre el trato que estarían recibiendo los solicitantes de asilo dentro del recinto.
Durante el altercado, el subdirector de campo del ICE, Bill Joyce, admitió que algunos detenidos deben pasar noches en el décimo piso del edificio, durmiendo en bancas o incluso en el suelo. Aunque aseguró que reciben comida y acceso a baños, justificó la negativa al ingreso de los congresistas argumentando que el área en cuestión es solo un “centro de procesamiento”, y por tanto no estaría bajo el alcance del derecho de supervisión directa.
El incidente se suma a una serie de eventos similares ocurridos en semanas recientes. El 8 de junio, los representantes Adriano Espaillat y Nydia Velásquez también fueron rechazados al intentar ingresar a la misma instalación. Cuatro días más tarde, al otro extremo del país, en Los Ángeles, el senador Alex Padilla fue expulsado de una conferencia de prensa mientras cuestionaba a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La tensión ha escalado aún más con otros episodios como el arresto del alcalde de Newark, Ras J. Baraka, y de tres congresistas de Nueva Jersey tras visitar el centro de detención Delaney Hall. Incluso, una de ellas, LaMonica McIver, enfrenta ahora cargos federales por presunta agresión a dos agentes durante ese operativo, según reportes del mismo medio.
Este patrón de confrontaciones pone sobre la mesa una pregunta clave ¿hasta qué punto puede un legislador cumplir con su deber de vigilancia institucional cuando las agencias federales, bajo alegato de procedimientos internos, bloquean su acceso? Mientras tanto, las denuncias sobre condiciones precarias para los migrantes siguen acumulándose y los cuestionamientos sobre transparencia continúan al rojo vivo.
