El entramado que mueve los fármacos desde los laboratorios hasta el paciente se ha vuelto tan complejo como cualquier red de comercio internacional. En Colombia, esta dinámica encierra un conjunto de actores con intereses diversos: compañías que importan medicinas de alto costo, fabricantes locales con márgenes muy apretados y operadores logísticos en apuros por deudas impagas. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la disponibilidad de medicamentos fluctúa y se encarece en un sistema agobiado por la falta de transparencia.
Tal como detalla El País, la tensión aumenta cuando los laboratorios priorizan las ventas comerciales por encima de las institucionales, en parte por la incertidumbre de pago que enfrentan con las EPS. De hecho, algunas farmacéuticas han optado por canalizar sus productos a compradores directos, conscientes de que hay pacientes dispuestos a sacrificar gastos para obtener un fármaco esencial. Este fenómeno impacta de manera especial a los medicamentos más baratos, que históricamente se han distribuido a gran escala y con márgenes reducidos.
En la parte productiva, la logística de materias primas sigue marcada por secuelas de la pandemia y retrasos de transporte como el bloqueo temporal del canal de Suez en 2021. Fuentes del Ministerio de Salud de Colombia (2023) confirman que, aunque la mayoría de fármacos regresó a la normalidad, aún persisten carencias puntuales, sobre todo en insulinas y en ciertos psicotrópicos. A esto se suman situaciones de reorganización empresarial en empresas gestoras de distribución, las cuales atraviesan crisis financieras que dificultan el despacho efectivo en zonas apartadas.
Los gestores farmacéuticos, figuras que antes funcionaban en un segundo plano, ahora llevan el peso del suministro en hospitales y droguerías. Sin embargo, algunos han quedado cortos de liquidez o han elegido priorizar a quienes pagan con prontitud. Testimonios de autoridades locales y análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan la necesidad de una mayor supervisión, ya que la práctica de negociar descuentos confidenciales y precios inflados repercute en los pacientes, que deben asumir el costo de la ineficiencia.
Este panorama de incertidumbre también expone las limitaciones de las EPS. Aunque el Tribunal Constitucional de Colombia ha exigido ajustar el financiamiento que reciben por afiliado, las aseguradoras no se han preparado para manejar redes propias de distribución. Analistas consultados advierten que la solución pasa por transparentar la cadena: desde la compra de insumos y el empaquetado, hasta el precio final que abona el paciente o la EPS.
Hoy día, la ruta de la solución parece exigir la cooperación de todos los involucrados. La industria local reclama apoyo para no sucumbir ante los altos costos de producción; los importadores apuestan por una normalización gradual de la cadena global; y los distribuidores señalan la urgencia de acuerdos financieros viables. Mientras tanto, los colombianos enfrentan tiempos inciertos para encontrar los remedios que necesitan, en una coyuntura que exige medidas responsables y una supervisión que asegure el derecho básico a la salud.
