Con el invierno porteño calando los huesos, la cuadra de la calle Juncal volvió a latir como en los viejos tiempos del kirchnerismo: bombos, cánticos contra “el partido judicial” y un enjambre de banderas celestes y blancas ondeando frente al edificio donde vive la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Según la agencia EFE, sindicatos y agrupaciones peronistas montaron guardia a la espera de que la Corte Suprema decida si confirma la condena de seis años por administración fraudulenta en la “causa Vialidad”, lo que habilitaría su detención inmediata.
El operativo militante refleja la polarización que atraviesa Argentina. La expresidenta, que aspira a competir como candidata bonaerense en las legislativas del 7 de septiembre, se ha blindado políticamente: reúne senadores en la sede del PJ y envía señales desafiantes. “Estar presa es un certificado de dignidad”, lanzó en un acto partidario, instando a la base peronista a “defender la democracia en la calle”. Esa arenga ocurría mientras Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, convocaba a sus pares a una acordada urgente para tratar el recurso de queja de la defensa un indicio de que el fallo podría conocerse en cuestión de horas.
El trasfondo jurídico es complejo. La condena de primera instancia, dictada en 2022, sostiene que Fernández direccionó 51 contratos de obra pública hacia empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a cambio de retornos. La defensa replica que no existe documentación probatoria de pagos ilegales y acusa al tribunal oral de “prejuzgar”. Mientras, informes internos de la Corte filtrados esta semana recomiendan confirmar la sentencia, pero distintas versiones indican que al menos un ministro estaría a favor de devolver el expediente a un tribunal inferior para revisar la pena.
El impacto político de un fallo adverso es mayúsculo. Si la condena queda firme antes del 19 de julio, fecha límite para inscribir candidaturas, Cristina quedaría fuera de la carrera electoral y el peronismo perdería a su figura más competitiva en el Gran Buenos Aires, donde se concentra más del 37 % del padrón nacional. Las encuestas más recientes muestran un 30 % de intención de voto dispuesta a respaldarla y un 45 % que rechaza su candidatura, una brecha que su rival, el oficialista Javier Milei, busca capitalizar para consolidar su poder en la provincia.
No es la primera vez que la Justicia y la política chocan de frente en Argentina. En 2001, el expresidente Carlos Menem logró sortear una orden de detención gracias a sus fueros como senador; en 2016, la líder social Milagro Sala fue apresada a pocas semanas de organizar un acampe contra el entonces gobernador Gerardo Morales. Ambos casos, al igual que el de Fernández, se convirtieron en termómetro de la tensión institucional. El politólogo Andrés Malamud advierte que “la judicialización de la política no resuelve la corrupción, pero sí redefine el tablero de poder: convierte los estrados en escenario de campaña”.
En paralelo, el fantasma de la violencia política sobrevuela el proceso. El intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022 cuando un atacante gatilló un revólver a centímetros de la exmandataria pero la bala no salió sigue sin avances judiciales sustantivos, alimentando la narrativa victimista del kirchnerismo y el escepticismo de la oposición sobre la independencia de los fiscales.
¿Qué viene ahora?
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Si la Corte confirma la condena: se librará orden de detención, salvo que Fernández obtenga un amparo o se refugie en el fuero del Senado hasta que expire su mandato en diciembre.
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Si la revoca total o parcialmente: el caso volverá a un tribunal oral y la exmandataria ganará aire para competir en septiembre.
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Si la Corte posterga la decisión: crecerá la presión callejera y el peso simbólico de un fallo que podía haber marcado un precedente clave para las causas de corrupción en América Latina.
Para los mercados, cualquier escenario que ahonde la incertidumbre política agregará estrés sobre la deuda soberana, mientras el futuro de las negociaciones con el FMI permanece atado a un Congreso con mayoría opositora. Y para el ciudadano de a pie ese que hoy apenas llega a fin de mes con una inflación anual del 230 % el drama judicial de Cristina se siente lejano, pero reaviva la misma pregunta que atraviesa la historia reciente argentina ¿quién gobierna cuando la calle, la Justicia y la economía tiran cada uno para su lado?
