El pulso político por el control de las calles angelinas subió de tono cuando un bloque de congresistas demócratas le exigió al presidente Donald Trump que levante el despliegue militar ordenado sin el visto bueno del gobernador Gavin Newsom. Argumentan que la presencia de uniformados no solo es innecesaria, sino que aviva un fuego que comenzó con protestas mayormente pacíficas contra redadas migratorias y hoy amenaza con incendiar la relación entre Washington y Sacramento.
Según la agencia EFE, los legisladores encabezados por Jimmy Gómez advirtieron en rueda de prensa que “militarizar barrios civiles” es una provocación deliberada y contraria al espíritu democrático. Gómez fue tajante: la vía para desescalar la tensión pasa por “retirar a la Guardia Nacional y al Ejército estadounidense”, declaración que marca el tono de la ofensiva legislativa para frenar lo que consideran un abuso de poder federal.
Los números respaldan su alarma unas 4 000 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines patrullan Los Ángeles desde el fin de semana, una movilización sin precedentes en la ciudad desde los disturbios de 1992. El mandatario justificó la medida en su red Truth Social asegurando que, sin esos efectivos, “LA estaría ardiendo”; sin embargo, tanto la alcaldesa Karen Bass como el propio Newsom desmintieron esa versión y denunciaron que se trata de un “acto inflamatorio” diseñado para exhibir mano dura en año preelectoral.
La batalla se librará también en los tribunales. Newsom presentó el lunes una demanda federal alegando violación de la soberanía estatal y citando la ausencia de una solicitud formal de ayuda por parte de California, requisito habitual para federalizar la Guardia Nacional. Expertos consultados señalan que la Casa Blanca se ampara en la Ley de Insurrección, un recurso legal raramente invocado que permite al presidente emplear tropas ante “obstrucción de la ley”. Pero juristas del Brennan Center y de Lawfare advierten que el movimiento roza los límites del Acta Posse Comitatus, que desde 1878 prohíbe usar al Ejército como fuerza policial interna salvo autorización expresa del Congreso.
Más allá del duelo legal, la factura económica escala el Los Angeles Times estima el costo del operativo en unos 134 millones de dólares, monto que recaerá en buena medida sobre los contribuyentes si la administración Trump insiste en mantener las tropas en pie de guerra por tiempo indefinido.
Para politólogos como Elizabeth Goitein, la decisión sienta un precedente inquietante “emplear militares contra manifestantes abre la puerta a justificar intervenciones similares en cualquier estado que no se alinee con la agenda federal”. Esa perspectiva alimenta temores de que, de cara a las presidenciales de 2026, las calles puedan convertirse en el nuevo escenario de la pugna ideológica, con la Guardia Nacional como pieza de ajedrez en un tablero cada vez más polarizado.
Mientras tanto, organizaciones civiles convocan a nuevas marchas esta semana para exigir la salida de las tropas y el fin de las redadas del ICE. El dilema es claro ¿prevalecerá la lógica del orden impuesto o la del diálogo político? La respuesta, dicen en el Capitolio, definirá no solo la paz en California, sino la salud democrática de toda la Unión.
