La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, le pidió al Tribunal Oral Federal 2 cambiar la cárcel por su apartamento de la calle San José, en pleno barrio Constitución de Buenos Aires. La defensa presentó un escrito en el que invoca su edad y las garantías previstas en la legislación penal para mayores de 70 años.
Según detalló la agencia EFE, el pedido llegó apenas 24 horas después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la emblemática causa Vialidad.
La ley 26.472 permite sustituir la prisión efectiva por arresto domiciliario para internos septuagenarios, siempre que el tribunal verifique condiciones de salud y seguridad adecuadas. El beneficio, sin embargo, no es automático el juez Jorge Gorini deberá oír a la fiscalía y a la Dirección de Control de Presos antes de decidir si la exmandataria puede cumplir la sentencia en casa bajo monitoreo electrónico.
Fernández quien preside hoy el Partido Justicialista anunció la semana pasada que planeaba competir por una banca provincial en septiembre, pero la inhabilitación firme clausura esa avenida política. Analistas consultados señalan que el fallo complica la estrategia opositora al presidente Javier Milei con un liderazgo peronista judicialmente acotado, el oficialismo gana aire para mantener su agenda económica de shock.
No será la primera vez que un ‘expresidente’ del Cono Sur cumpla pena en su domicilio. Luiz Inácio Lula da Silva soportó 580 días de cárcel en Curitiba antes de obtener libertad condicional en 2019, mientras que Alberto Fujimori lleva años detenido en una base policial en Lima, con visitas médicas constantes. El denominador común es la edad avanzada y la presión internacional por condiciones humanitarias mínimas, un espejo que el kirchnerismo esgrime hoy ante la Justicia argentina.
Fuentes cercanas al tribunal indican que la decisión podría conocerse antes de que venza el plazo de cinco días hábiles fijado para que Fernández se presente en Comodoro Py. Si el arresto domiciliario es concedido, la Policía Federal deberá instalar un dispositivo de vigilancia las 24 horas y una tobillera GPS. De lo contrario, el Estado deberá adaptar un ala especial en una dependencia de fuerzas federales para alojarla, teniendo en cuenta el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y su condición de exjefa de Estado.
Más allá de dónde duerma Fernández las próximas noches, el fallo marca un precedente sobre cómo la Justicia argentina trata a los exgobernantes condenados. El peronismo lo denuncia como proscripción, mientras sectores afines a Milei celebran “el fin de la impunidad”. Lo cierto es que el tablero electoral de 2025 cambia drásticamente: sin Cristina en la boleta, el peronismo deberá encontrar una figura de consenso en tiempo récord o resignarse a la dispersión interna.
En los próximos días se sabrá si la imagen de la líder peronista será la de una pulsera electrónica en su departamento o la de una celda especialmente acondicionada. En cualquier escenario, la condena perpetúa el debate sobre corrupción y justicia en Argentina, y redefine el equilibrio de poder en medio de la crisis económica más aguda de su historia reciente.
