Salcedo. En un golpe certero al mercado negro de fármacos, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Mercancías (Ceccom) confiscaron más de diez millones de unidades de medicamentos irregulares durante un allanamiento ejecutado en esta ciudad de la provincia Hermanas Mirabal. Las pastillas, jarabes, ampollas y cremas ocupaban un almacén improvisado que operaba al margen de toda regulación sanitaria.
El cargamento quedó bajo la custodia del Ceccom a la espera de la cadena de custodia judicial. Entre las anomalías encontradas figuran mutilación de lotes y fechas de caducidad, fármacos vencidos y presentaciones falsificadas que simulaban marcas de alto consumo. Además, las autoridades clausuraron la farmacia Medicina Lista B, señalada como centro de distribución clandestina.
Un patrón que se repite
Aunque la nota oficial no precisó la fecha exacta del operativo, la magnitud del hallazgo recuerda la alerta sanitaria emitida por Digemaps a inicios de año, cuando la entidad detectó falsificaciones de psicofármacos como Elatrip e Inquetia. Ambos eventos sugieren que el negocio ilícito se reacomoda con rapidez y que las redes de distribución han extendido sus tentáculos fuera del Gran Santo Domingo.
Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1 de cada 10 medicamentos que circulan en países de ingresos bajos y medios es subestándar o falsificado, una cifra que desangra los sistemas de salud en unos 30 500 millones de dólares al año y, peor aún, mina la confianza de los pacientes. Para la República Dominicana, ese porcentaje se traduce en un riesgo directo: el usuario compra un remedio pensando que se cura, pero termina prolongando su enfermedad o generando resistencia a los antibióticos.
Riesgo sanitario y modus operandi
Los inspectores describen un escenario caótico cajas húmedas, envases abiertos y etiquetas impresas en papel bond. Nada que se acerque mínimamente a las Buenas Prácticas de Almacenamiento. De acuerdo con la Ley 42-01, estas infracciones conllevan multas y penas de hasta cinco años de prisión, además de la confiscación definitiva de la mercancía.
Un oficial de Digemaps que pidió reserva de su nombre porque la investigación sigue abierta explicó que las bandas suelen “mezclar” productos legítimos y falsos para burlar revisiones superficiales. “Cuando el farmacéutico no exige factura, la puerta queda abierta para el contrabando”, apuntó.
Brecha regulatoria y vigilancia ciudadana
Durante 2024, Digemaps emitió más de 11 000 licencias de registro sanitario, reflejo de un mercado formal que crece pero al que todavía se le cuelan brechas por donde se cuelan lotes apócrifos. La entidad insiste en que la primera línea de defensa es el propio consumidor: comprar solo en establecimientos autorizados, examinar sellos de seguridad y denunciar cualquier precio sospechosamente bajo.
Sin embargo, expertos advierten que la vigilancia ciudadana debe ir acompañada de tecnología de trazabilidad códigos QR únicos, bases de datos abiertas y de penas económicas que realmente desincentiven la falsificación. Países como Brasil han reducido en 30 % la circulación de medicinas ilegales tras exigir trazabilidad electrónica desde la planta hasta la farmacia. ¿Por qué no aplicar la misma receta aquí?
Lo que viene
Digemaps confirmó que los fármacos incautados serán incinerados una vez concluya la fase probatoria. Mientras, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud profundiza en la ruta del dinero quién importó la mercancía, en qué puerto se despachó y qué otros establecimientos recibieron partidas del mismo lote.
Para la ciudadanía la moraleja es clara: cuando un jarabe cuesta la mitad de su precio regular, hay algo más que un “especial” detrás. Y la factura, tarde o temprano, llega en forma de tratamientos fallidos, complicaciones médicas y un sistema de salud que gasta recursos escasos persiguiendo sombras.
