El barrio Brisas del Mar volvió a estremecerse este fin de semana cuando agentes policiales interceptaron y abatieron a Daniel Mercedes Pimentel, mejor conocido como “Foya”, a menos de dos cuadras del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama (CCR-15). El interno, sentenciado a 30 años por el secuestro y asesinato del taxista Rafael Reyes Silvestre, irrumpió en una vivienda durante su huida y, al forcejear por el arma de un agente, terminó perdiendo la vida.
Según el informe oficial de la Policía Nacional, “Foya” había escapado de la cárcel aprovechando un descuido en el módulo de mínima seguridad. Las autoridades detallan que, además de la condena cumplida, el recluso cargaba un proceso pendiente por el homicidio de su compañero de celda Miguel Elías Martínez, ocurrido en agosto de 2023 dentro del mismo penal.
La trayectoria violenta de Mercedes Pimentel refleja un patrón alarmante de inseguridad en el CCR-15, donde las riñas y fugas han sido frecuentes en los últimos dos años. El propio penal registra tres incidentes mortales desde 2023, y forma parte de un sistema penitenciario que aloja a más de 25 600 personas privadas de libertad, con un hacinamiento que ronda el 70 %.
Ese panorama llevó al Gobierno a acelerar la construcción del nuevo complejo Las Parras, en San Antonio de Guerra, proyectado para albergar a 2 500 internos y aliviar la presión sobre cárceles como la de La Romana. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones informó que la primera fase estará lista en junio y que el centro comenzará a operar en agosto de este año.
Mientras la reforma penitenciaria avanza, la comunidad de Brisas del Mar reclama respuestas. Residentes consultados lamentan que “las fugas siempre nos ponen en el ojo del huracán”, y exigen medidas más estrictas de vigilancia perimetral. La Dirección General de Servicios Penitenciarios, por su parte, anunció la suspensión preventiva del personal de guardia y la apertura de una investigación interna para determinar cómo se produjo la evasión.
Para los expertos en seguridad, el caso de “Foya” subraya la urgencia de fortalecer tanto la infraestructura como los protocolos de reinserción social. “No basta con levantar nuevas edificaciones; hay que cerrar las grietas administrativas que permiten que un interno armado hasta los dientes salga caminando”, advirtió un jurista consultado.
Por ahora, las autoridades insisten en que el episodio no quedará impune y que se adoptarán correctivos inmediatos. Sin embargo, la verdadera prueba será lograr que la próxima noticia sobre el CCR-15 no vuelva a escribirse a punta de sangre y desconcierto en las calles de La Romana.
