Bávaro, La Altagracia. Donde hace una semana se levantaba el laberinto de callejones, colmados y cuarterías de Monte Verde popularmente llamado Mata Mosquito hoy solo queda un paisaje de polvo, bloques partidos y techos retorcidos. La rotunda intervención, que combina retroexcavadoras, buldóceres y un amplio cordón militar, ha derribado en dos días más de 300 estructuras, desde casuchas de cinc hasta edificaciones de tres niveles.
Según Listín Diario, el periodista Florentino Durán reseña que el operativo arrancó la mañana del martes sin notificación escrita y con acceso restringido a la prensa, dejando a cientos de familias muchas de ellas de origen haitiano sin un lugar donde guarecerse.
La versión oficial, divulgada por la Dirección General de Migración, sostiene que se trata de “un esfuerzo por desmantelar ocupaciones ilegales en terrenos privados y localizar a extranjeros en estatus irregular”.En la misma línea, Dominican Today cifró en más de 500 los indocumentados detenidos en la zona de Friusa y Mata Mosquito durante las redadas simultáneas de esta semana.
Propietarios invisibles y titulación ausente
La disputa por la tierra en Bávaro no es nueva. Expertos en derecho inmobiliario recuerdan que los vacíos de catastro y la titulación tardía fomentan que surjan “asentamientos de facto”, donde construir primero legitima la ocupación ante los ojos de la comunidad, si no de la ley. En Mata Mosquito, ninguno de los desalojados mostró un solo título registrado; el único argumento que esgrimían era el tiempo de estadía—cinco, diez o hasta quince años—sobre esos solares polvorientos. Este limbo jurídico ha permitido, según urbanistas locales, que grandes propietarios revaloricen repentinamente sus terrenos cuando el desarrollo turístico llama a la puerta, como ha ocurrido con otros enclaves informales del Este.
Impacto social inmediato
En la víspera del inicio de la temporada alta, el desalojo ha dejado un escenario complejo: menores que no saben dónde dormirán, madres que rescatan uniformes escolares de entre los escombros y pequeños comerciantes que lo perdieron todo en cuestión de horas. Organizaciones de la sociedad civil advierten que la falta de albergues temporales podría traducirse en campamentos improvisados a la vera de la carretera turístico-coral, justo el escaparate que las autoridades buscan mantener “libre de arrabalización”.
El regidor Dionicio López, quien acompañó a los vecinos durante las protestas del 30 de marzo, denunció que esta demolición masiva “es la segunda fase de un plan que se cocina desde enero”, aunque no precisó si existe sentencia judicial firme detrás del operativo. En contraste, fuentes castrenses insisten en que la acción cuenta con la cobertura legal necesaria y forma parte del refuerzo de la frontera interna contra la migración irregular.
Turismo, seguridad y la pregunta de siempre
Bávaro aporta cerca del 35 % de las divisas turísticas que entran al país, y el gobierno ha reiterado que la “seguridad territorial” es vital para preservar esa reputación. Lo paradójicosubraya la antropóloga Cristina Rosario es que gran parte de la mano de obra que levanta hoteles y sirve mesas habita, precisamente, estos asentamientos sin servicios básicos. “Eliminar Mata Mosquito empuja el problema más al fondo, pero no lo resuelve; simplemente se mueve el foco”, apunta.
Mientras los camiones de escombros continúan su danza bajo el sol caribeño, los antiguos residentes guardan la esperanza de que un documento de identidad o un contrato de alquiler, por precario que sea, les abra la puerta a una compensación o, al menos, a otra parcela donde empezar de cero. De momento, lo que prima es el desconcierto: ¿quién ordenó el derribo, bajo qué sentencia y con qué plan de reubicación? Hasta ahora, ninguna entidad lo ha explicado con nitidez.
Entre la ley y la realidad
El caso de Mata Mosquito vuelve a poner sobre la mesa la disyuntiva entre aplicar la Ley 285-04 de Migración al pie de la letra y gestionar de forma humanitaria los flujos laborales que sostienen el turismo. El gobierno ha prometido mesas de diálogo con los hoteleros para diseñar viviendas dignas a precios asequibles, pero esas conversaciones siguen sin fecha.
En lo inmediato, los vecinos confían en que la Defensoría del Pueblo y la Pastoral de Movilidad Humana intervengan para evitar que el desalojo derive en una crisis humanitaria mayor. Entretanto, la pala mecánica no se detiene, y el viejo gueto de Mata Mosquito va quedando reducido a polvo con más preguntas que respuestas flotando sobre la brisa salada de Bávaro.
