Un grupo de familias del sector Botijuela, en Bayahíbe (La Altagracia), asegura que un operativo de desalojo terminó con la vida de un niño de apenas siete meses cuando parte de la vivienda donde dormía se desplomó sobre su cuna. La versión fue difundida por la comunidad durante una protesta pacífica ante el Juzgado de Paz local, donde los afectados denunciaron “maltratos y atropellos” por parte de las autoridades.
La vocera improvisada de la manifestación, una señora que se identificó como Luisa, describió entre lágrimas cómo la madre del menor corrió a recoger sus pertenencias “y no alcanzó a sacar al niño”. Los vecinos sostienen que el derrumbe ocurrió el viernes, cuando agentes acompañados de equipos pesados demolieron varias casitas de madera y zinc levantadas sobre un terreno en disputa.
La Policía Nacional, sin embargo, emitió un comunicado en el que niega el fallecimiento del bebé y alega que “no se registraron víctimas” durante la operación en Botijuela. El cuerpo del orden público calificó la denuncia de “información imprecisa” y anunció una investigación interna para “esclarecer los hechos”.
Más allá de la polémica sobre la veracidad del deceso, el caso vuelve a poner el foco sobre el déficit habitacional y la precariedad de miles de familias que viven en estructuras endebles. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR 2024), un 48,9 % de los hogares dominicanos carece de vivienda propia o habita inmuebles con graves carencias estructurales.
Las expulsiones forzosas no son aisladas. Organizaciones de derechos humanos han advertido al Comité de la ONU que los desalojos, muchos veces ejecutados “sin protocolos de protección a la niñez”, constituyen un patrón de violaciones que el Estado debe atender con urgencia. En ese mismo sentido, el “Global Property Guide” subraya que el sistema dominicano de desahucios es “lento y complejo”, lo que empuja a algunas autoridades o a particulares con influencia a optar por acciones extrajudiciales para recuperar terrenos o inmuebles.
Paradójicamente, Bayahíbe experimenta un auge en el mercado de alquileres turísticos de corta duración 188 listados activos generan ingresos medios de US$ 7 439 al año para cada anfitrión, según un reciente informe del sector. El contraste entre el boom inmobiliario y los desalojos de familias pobres aviva tensiones sobre quién se beneficia realmente del desarrollo de la zona.
Juristas consultados recuerdan que la Ley 396-19 obliga a contar con una orden judicial, notificaciones previas y alternativas de realojo cuando hay personas vulnerables, especialmente menores. Si se confirma la muerte del bebé, los responsables podrían enfrentar cargos por homicidio involuntario y violación a los derechos de la infancia.
Mientras la Fiscalía de La Altagracia revisa el caso, los moradores de Botijuela anuncian que volverán a ocupar los terrenos “si no hay una solución digna”. El país observa con atención: el desenlace de esta tragedia medirá cuánta protección real otorga el Estado dominicano a sus ciudadanos más frágiles.
