Los soldados del Ejército de la República Dominicana (ERD) volvieron a cerrar el paso a la migración irregular en la Línea Noroeste. En dos redadas simultáneas, una patrulla apostada en el destacamento Santa María (Montecristi) interceptó a 26 ciudadanos haitianos 20 hombres, 4 mujeres y 2 menores, mientras que otra unidad detuvo a 9 más en la comunidad de Aminilla, Dajabón. Todos fueron llevados a la fortaleza San Fernando y puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para su inmediata repatriación.
Que el movimiento sea de “solo 35” no quita presión al sistema la DGM reporta más de 226 mil deportaciones de haitianos entre agosto de 2024 y mayo de 2025, con 14 874 solo en abril pasado, cifra equivalente a unas 500 personas por día.
Las capturas coinciden con la peor crisis humanitaria que Haití ha visto en décadas. La Organización Internacional para las Migraciones contabiliza 1,3 millones de desplazados internos y un control de 85 % de Puerto Príncipe por parte de bandas armadas. En otras palabras, cada repatriado regresa a un país en llamas.
Mientras el gobierno dominicano defiende los operativos como “cumplimiento estricto de la ley”, organizaciones locales e internacionales recuerdan que entre los devueltos hay menores y personas nacidas en territorio dominicano que ya perdieron la nacionalidad tras la sentencia TC/0168/13. Un reciente análisis de Al Jazeera subraya la carga histórica de racismo y xenofobia detrás de la política actual.
La frontera norte seguirá siendo el termómetro de esa tensión. Con la construcción del canal en el río Masacre aún caliente y el despliegue militar reforzado, todo apunta a que los números de repatriación seguirán al alza. En el terreno, soldados y activistas coinciden en algo raro ninguna de las piezas encaja mientras Haití carezca de un Estado funcional, y la presión humana seguirá corriendo hacia el lado dominicano de la verja.
