San Juan de la Maguana. Dos dominicanos que operaban un autobús interurbano terminaron en manos de la justicia tras ser sorprendidos transportando a dos ciudadanos haitianos sin documentación válida, en plena carretera del puesto de chequeo de Guanito.
Según un informe del Ejército de República Dominicana (ERD), el vehículo un Toyota Coaster rojo con franja blanca y placa I002990 fue parado en una inspección rutinaria. Dentro iban el chofer Yainardis de los Santos Encarnación y el cobrador Edward Sánchez Peña, quienes ahora enfrentan cargos por presunto tráfico ilícito de migrantes, mientras que los pasajeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su proceso de repatriación.
Un patrón que se repite
El operativo no es un caso aislado. Apenas esta semana, autoridades detuvieron a un teniente del ERD y a un cabo de la Policía por hechos similares en la misma provincia, un indicio de la red de facilitadores que se ha multiplicado alrededor de la frontera y las rutas del suroeste.
Auge de deportaciones
Las cifras oficiales respaldan la intensidad del control fronterizo: la DGM reporta más de 213 000 haitianos deportados entre octubre de 2024 y abril de 2025, dentro de un plan que apunta a 10 000 retornos semanales. El propio director de la entidad, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, sostiene que la estrategia “no solo reduce la presión migratoria, sino que golpea el negocio de los transportistas ilegales que lucran con la necesidad ajena”.
Riesgos y penas
El Código Penal dominicano contempla hasta diez años de cárcel y fuertes multas para quienes trafiquen con personas extranjeras. En la práctica, la mayoría de los casos termina con medidas de coerción y procesos que se estiran en el tiempo, algo que organizaciones de derechos humanos critican por la sensación de impunidad que genera.
Presión económica y social
El comercio informal a ambos lados de la frontera y la falta de oportunidades en Haití alimentan un flujo constante. Mientras los haitianos pagan entre RD$8 000 y RD$15 000 por un “viaje seguro” hasta Santo Domingo, los choferes obtienen un ingreso rápido que supera con creces lo que ganarían trabajando de forma regular, confesó bajo anonimato un transportista del corredor Elías Piña–San Juan.
Próximos pasos
El Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva contra De los Santos y Sánchez Peña, alegando peligro de fuga y reincidencia. En paralelo, el Senado discute un proyecto de reforma migratoria que endurece aún más las sanciones para ciudadanos dominicanos implicados en traslados irregulares.
Con el sur como corredor principal y las estadísticas disparadas, el mensaje oficial es claro: el negocio de mover indocumentados no compensa el riesgo de terminar tras las rejas. Mientras, para los haitianos que cruzan, la salida sigue siendo un juego donde la seguridad y la esperanza chocan con muros legales cada vez más altos.
