Santo Domingo.– El último pulso entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades dominicanas volvió a tensarse esta semana, cuando Amnistía Internacional denunció la deportación de mujeres haitianas embarazadas desde centros de salud públicos y privados.
Según elCaribe, la reacción en el Congreso Nacional no se hizo esperar legisladores de distintos partidos coincidieron en que la República Dominicana está en pleno derecho de vigilar sus fronteras y, lejos de recular, exhortaron a profundizar los operativos de interdicción.
Los diputados oficialistas sostienen que las repatriaciones responden a un esquema legal que arrancó en octubre de 2024, cuando la Dirección General de Migración (DGM) lanzó un plan ampliado que ya acumula más de 142 mil retornos 78 522 deportaciones formales y 63 856 reconducciones inmediatas hasta mediados de febrero de 2025. La cifra, advierten, casi se duplicará si se confirman los conteos preliminares del primer trimestre, que apuntan a 86 406 nuevos casos.
Para Amnistía, sin embargo, el problema no es el número sino el método: acusa a las autoridades de perfilar racialmente a las parturientas haitianas y de arrancarlas de hospitales “sin las mínimas garantías sanitarias”. Ese señalamiento encontró eco en la ONU, que en la víspera recordó que Haití vive una crisis humanitaria con más de 5 600 muertes violentas en 2024 y “no ofrece condiciones seguras de retorno”.
En la Cámara Baja, la respuesta fue tajante. El diputado peledeísta Aquilino Serrata calificó el informe de “sesgado” y pidió “darle pa’lante a todo aquel que esté ilegal”, mientras la perremeísta Soraya Suárez subrayó que “la prioridad es proteger el presupuesto hospitalario que pagan los contribuyentes”. (Declaraciones recogidas por este diario en los pasillos del Congreso). Aunque las frases sonaron duras, ambos insistieron en que se respetan “los protocolos básicos de derechos humanos”.
¿Qué hay detrás?
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Presión fiscal: El Ministerio de Salud gasta cerca de RD$3 800 millones al año solo en partos de extranjeras, el 97 % de ellos de madres haitianas, según datos oficiales de 2024.
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Seguridad fronteriza: Con el deterioro institucional en Puerto Príncipe, el flujo migratorio se ha disparado un 26 % interanual, de acuerdo con los registros de la DGM.
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Clima político: A siete meses de las elecciones presidenciales, el control migratorio se convirtió en bandera de campaña para oficialismo y oposición.
Mirando hacia adelante
Expertos en derechos humanos alertan que el pulso diplomático podría endurecerse si continúan las deportaciones de gestantes, un grupo considerado “especialmente protegido” por el derecho internacional. La Cancillería dominicana, no obstante, replica que ningún tratado obliga a conceder residencia automática y que la prioridad es “un parto seguro, pero en su país de origen”.
Mientras tanto, en la frontera norte de Dajabón, los autobuses con destino a Haití siguen llenándose cada madrugada. Y en el Congreso, la consigna que se escucha en voz baja resume el sentir de muchos legisladores “El que esté ilegal, que se prepare, porque aquí se va a seguir aplicando la ley”.
