El Ministerio Público analiza una acusación delicada que implica una millonada en pérdidas para el sistema eléctrico nacional. Las autoridades y la propia Edesur Dominicana han coincidido en la urgencia de frenar este tipo de hechos, sobre todo en provincias donde la infraestructura no resiste conexiones irregulares por tiempo prolongado.
Tal como informa deultimominuto, la distribuidora interpuso una denuncia que involucra a un ciudadano de Barahona en un supuesto fraude que superaría los 18 millones de pesos. Técnicos especializados y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) realizaron operativos de inspección, detectando tres transformadores de 100 KVA conectados ilegalmente a la red. Este tipo de intervención, según registros de la Superintendencia de Electricidad, constituye un atentado contra la seguridad energética y conlleva consecuencias legales de gran magnitud.
La compañía alega que el imputado habría realizado su instalación al margen de medidores y procedimientos regulares, presuntamente consumiendo energía sin abonar un solo centavo. Edesur cuantificó una presunta sustracción que rondaría 1.8 millones de kilovatios hora, equivalentes a más de 18 millones de pesos. El año pasado, entidades oficiales presentaron datos similares en casos de irregularidades eléctricas, citando la Ley General de Electricidad No. 125-01, que sanciona estas prácticas con multas y penas de prisión, en dependencia de la gravedad.
Representantes del sector eléctrico dominicano defienden la importancia de mantener un monitoreo continuo, argumentando que estos actos perjudican la sostenibilidad del servicio. Según un peritaje realizado durante el operativo, había equipos electrónicos conectados sin pasar por un registro formal, un hallazgo que refuerza la solicitud de procesar penalmente a los involucrados. “Este comportamiento no solo afecta a la empresa, sino también al resto de la comunidad que paga puntualmente la facturación”, revelan voceros de Edesur.
En su sometimiento, la compañía insiste en el valor real de los daños y perjuicios, que ascendería a 25 millones de pesos, sumando la inversión en el sistema y el impacto operativo. La gestión busca que un tribunal imponga la reposición del monto económico y aplique las sanciones que correspondan, con el fin de disuadir a quienes insistan en alterar o manipular las redes de suministro eléctrico. “El caso de Barahona no es aislado, pero hemos intensificado nuestros esfuerzos en la zona Sur para proteger la red y el servicio”, destacan fuentes cercanas al proceso.
La acusación, de prosperar, podría cerrar con una sentencia ejemplar que sirva de referencia para otros consumidores con conexiones irregulares. El Ministerio Público y la PGASE han subrayado el propósito de fortalecer la cooperación entre instituciones, facilitando protocolos de revisión y elevando las penas cuando se compruebe dolo o reincidencia. En el país, la lucha contra el fraude eléctrico ha ganado notoriedad, pues no solo compromete la viabilidad financiera de las distribuidoras, sino que también pone en riesgo la seguridad de la población.
Edesur y las autoridades llaman a las comunidades a denunciar cualquier acto que perjudique al sistema. Con la información en manos de la justicia, la expectativa se centra en la decisión judicial que defina cómo se compensará el daño económico y de qué manera se reforzarán los controles en adelante.
