Washington.— El Departamento de Estado de EE.UU. volvió a sacar la chequera grande contra la Mara Salvatrucha (MS‑13) y puso sobre la mesa hasta cinco millones de dólares por cualquier pista que lleve a la captura o condena de dos de sus jefes en Honduras Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, y el también temido Alexander Mendoza.
Según la agencia EFE, la recompensa se canaliza a través del programa TOCRP, el mismo mecanismo con el que Washington persigue a capos de carteles y redes criminales de alto calibre. La oferta revive un aviso de 2023, pero llega ahora con la banda etiquetada formalmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
La designación, oficial desde el 20 de febrero, le permite a EE.UU. congelar activos y perseguir colaboradores donde quiera que se encuentren un salto cualitativo en la ofensiva contra la pandilla nacida en Los Ángeles que hoy es sinónimo de extorsión y violencia en Centroamérica
Archaga Carías encabeza la lista de los fugitivos más buscados del FBI y, además de mover cocaína hacia territorio estadounidense, se le acusa de ordenar asesinatos, secuestros y lavado de dinero con un arsenal de ametralladoras a su disposición. El Buró lo considera pieza clave para entender la expansión de la mara fuera del Triángulo Norte.
Su homónimo Alexander Mendoza quien comparte el apodo “Porky” huyó de la justicia en 2020 cuando un comando disfrazado de militares asaltó un tribunal en El Progreso y mató a tres policías para liberarlo . Desde entonces Honduras ha ofrecido sus propias recompensas, sin resultados.
El objetivo de EE.UU. es cortar la cadena de mando y, de paso, enviar un mensaje regional: las maras ya no se tratan como crimen común, sino como amenaza terrorista. El Departamento de Estado lo enmarca dentro de una estrategia hemisférica que busca “un continente más seguro y próspero” a golpe de sanciones y cooperación policial.
Para los analistas de seguridad, la medida presiona a los gobiernos centroamericanos a reforzar inteligencia fronteriza y compartir datos en tiempo real. A la par, organizaciones de derechos humanos advierten que el sello de “terrorista” puede derivar en leyes más duras que afecten a comunidades enteras si no hay garantías judiciales.
Entre tanto, la MS‑13 sigue diversificando ingresos a través de extorsiones digitales y tráfico de personas, aprovechando la diáspora migrante. Con los dos “Porky” en fuga, Washington apuesta a que la combinación de recompensa millonaria y la etiqueta de terrorismo abra brechas en la protección que aún les brindan redes locales y corruptelas transnacionales.
