El Ejército de la República Dominicana (ERD) intensificó este fin de semana su ofensiva contra el tráfico de personas al interceptar tres motocicletas en el callejón La Soledad, Guayubín (Montecristi), y a otra en Dajabón, con un saldo total de diez ciudadanos haitianos sin documentos. De acuerdo con el parte militar, los conductores también indocumentados utilizaban motos de alto cilindraje para burlar los puestos de chequeo y trasladar a sus compatriotas.
Según cifras recientes de la Dirección General de Migración (DGM), solo en mayo fueron deportados más de 34 000 haitianos, el mes con mayor número de repatriaciones desde 2020. El Gobierno sostiene que la meta oficial es procesar hasta 10 000 expulsiones semanales, una política que ha elevado la presencia de patrullas mixtas Ejército, CESFRONT y Migración en la línea noroeste.
Operativo del sábado motos, callejones y huida fallida
La patrulla militar detalló que los detenidos viajaban en motocicletas X1000 CG-150, Tauro CG-200 y Súper Gato CG-200. En Dajabón, el conductor de una moto Súper Tucano escapó a pie y abandonó a tres pasajeros antes de unirse a los matorrales. Todos los interceptados fueron trasladados a la 4.ª Brigada de Infantería para su posterior entrega a la DGM, donde se les abrirá el expediente de repatriación, confirmaron oficiales en la zona.
El incidente se produce apenas horas después de que otra operación arrojara 42 detenidos en Montecristi y Santiago Rodríguez y de un despliegue similar donde se apresó a 35 haitianos en áreas rurales de Montecristi y Dajabón. En un informe divulgado la semana pasada, el ERD afirmó haber capturado 52 personas en menos de 48 horas dentro de la misma franja fronteriza, lo que revela un patrón sostenido de intentos por evadir los controles terrestres.
De la política a la práctica una frontera bajo presión
Desde la reapertura total de la frontera en enero de 2024, tras el cierre parcial motivado por la crisis del canal de riego en Haití a finales de 2023, el flujo irregular ha repuntado, obligando a las autoridades dominicanas a desplegar drones, sensores térmicos y retenes móviles, confirman fuentes castrenses. Organizaciones de la sociedad civil alertan, sin embargo, sobre un deterioro en las garantías de derechos humanos para los migrantes el Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) calificó de “preocupante” la vigencia de las 15 medidas antimigración adoptadas por Santo Domingo en abril.
La tensión traspasa la frontera terrestre. Reportes periodísticos describen abusos contra migrantes haitianos en polos turísticos como Punta Cana, donde la presión de redadas masivas ha provocado ausentismo escolar y denuncias de violencia sexual. Mientras tanto, el empresariado agrícola y de la construcción advierte sobre la escasez de mano de obra, un efecto colateral que amenaza la competitividad de ambos sectores.
Mirada al futuro seguridad, economía y diplomacia
Especialistas consultados apuntan que el desafío dominicano combina tres frentes: resguardar la soberanía, mitigar la trata de personas y evitar un shock laboral que golpee la producción nacional. Voces académicas proponen acelerar los planes binacionales de identificación laboral temporal y robustecer los controles anticorrupción en los puestos de chequeo, pues registrar al trabajador en lugar de su expulsión automática podría reducir la dependencia de redes de tráfico y generar registros confiables para Hacienda.
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha retomado conversaciones con Puerto Príncipe para reactivar la Comisión Mixta Bilateral, congelada desde 2022. Fuentes diplomáticas señalan que el objetivo es pactar un protocolo de repatriaciones más ágil y, a la larga, ordenar los flujos migratorios con criterios humanitarios y productivos.
Por lo pronto, los diez haitianos detenidos este sábado aguardan sean procesados por la DGM, en un engranaje que, aunque busca cerrar brechas de seguridad, sigue dejando preguntas abiertas sobre la sostenibilidad de la estrategia fronteriza y su impacto en las comunidades de ambos lados de la isla.
