María Isabel Castillo Báez ya es, de manera oficial, la cara de la República Dominicana ante Washington. La diplomática entregó el 9 de abril sus cartas credenciales al presidente Donald J. Trump en la Oficina Oval, cumpliendo el ritual que la habilita para representar los intereses criollos en suelo norteamericano. El acto, breve pero cargado de simbolismo, abre una etapa en la que la funcionaria deberá navegar la compleja agenda bilateral bajo un clima político estadounidense que sigue extremadamente polarizado.
Ese reto no es menor: en Estados Unidos viven hoy unos 2.4 millones de dominicanos más del 20 % de nuestra población total concentrados sobre todo en la Costa Este, según datos del Pew Research Center. Además de remesas, esta comunidad aporta capital humano y redes comerciales que facilitan negocios de ida y vuelta.
Castillo Báez, apenas terminada la ceremonia, publicó en X que su prioridad será “profundizar la cooperación en comercio, seguridad y migración”. El enfoque no es casual. Solo en 2024, las exportaciones quisqueyanas hacia Estados Unidos rondaron los US$7.6 mil millones, cifra que consolida a ese mercado como nuestro socio principal. De su capacidad para sostener y ampliar ese intercambio dependerán miles de empleos locales y el funcionamiento de zonas francas que hoy respiran gracias al nearshoring.
La nueva embajadora llega con pergaminos fue la primera mujer dominicana al frente de la misión en México cargo que ocupó desde 2020 y acumula dos décadas de oficio diplomático y legal. Sus críticos resaltan que, aunque conoce la región, debe demostrar rapidez para gestionar temas sensibles como las deportaciones y la cooperación antinarcóticos. Sus aliados, en cambio, subrayan su estilo pragmático y el respaldo directo del Palacio Nacional.
Fuentes del sector privado aseguran que ya existe una propuesta para relanzar el Consejo de Inversión y Comercio (TIC), estancado desde 2023. Si logra ponerlo a rodar, Castillo Báez podría amarrar nuevas cuotas de acceso para productos agroindustriales y consolidar el liderazgo dominicano en dispositivos médicos, rubro que en la última década ha desplazado al tabaco como principal línea exportable.
En el frente migratorio, su equipo analiza reactivar los consulados móviles en ciudades medias donde la diáspora ha crecido sin recibir servicios consulares regulares; Worcester, Reading y Hazleton encabezan la lista de prioridades. Esa movida, junto a un plan para agilizar la emisión de pasaportes electrónicos, respondería a una demanda histórica de los dominicanos ausentes.
Fuera del radar público, la embajadora también tendrá que lidiar con la reforma a la Ley de Democracia Dominicana en el Exterior, aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU. el mes pasado y aún pendiente en el Senado. Varios analistas ven allí un espacio para institucionalizar la defensa de los votantes dominicanos en territorio norteamericano, quienes reclaman mayor protección ante casos de discriminación.
Por ahora, la embajadora se ha trazado 100 días para presentar resultados concretos. Si cumple el calendario, llegaría al verano con un portafolio de proyectos binacionales y un diálogo fluido con el Departamento de Estado. Queda claro que el listón está alto; pero, como ella misma escribió en un tuit, “cada dominicano en el exterior es un puente que debemos cruzar con firmeza y orgullo”.
