Santo Domingo. Un contingente del Ejército de la República Dominicana (ERD) apresó a 38 ciudadanos haitianos sin documentos válidos durante una serie de operativos simultáneos en las provincias fronterizas de Dajabón y Azua. La acción forma parte del dispositivo permanente de vigilancia que refuerza la línea limítrofe con Haití ante el incremento reciente de cruces irregulares.
En Loma de Cabrera, Dajabón, los militares detectaron a doce migrantes diez hombres y dos mujeres que intentaban burlar los puestos de control instalados en las trochas montañosas de la zona. Horas más tarde, en el puesto de chequeo El Valle, en Azua, otra patrulla interceptó a veintiséis haitianos (veintiún hombres, cuatro mujeres y un menor) que viajaban en un camión de carga con destino a la región Sur, según detalló el cuerpo castrense.
Todos los detenidos fueron trasladados al Décimo Batallón de Infantería para su depuración y posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM), entidad responsable de iniciar los trámites de repatriación conforme a la Ley 285-04. Voceros militares insistieron en que los operativos continuarán “día y noche” hasta desarticular las redes que facilitan el tráfico de personas.
La jornada se suma a un operativo similar ejecutado el 24 de junio, cuando unidades del ERD retuvieron a 64 haitianos en Montecristi y Dajabón durante revisiones sorpresa en carreteras y veredas rurales. En esa misma redada cayó el dominicano Enye Leandro Jiménez, acusado de coordinar la logística de recogida y traslado de quince migrantes hacia el interior del país, en complicidad con otros “buscones”, según la investigación militar.
La presión oficial responde a un flujo migratorio que se mantiene en máximos históricos. Solo en mayo, la DGM contabilizó 34 190 deportaciones, la cifra mensual más alta del año. En el acumulado de 2025, las repatriaciones ya superan las 119 000, un 71 % más que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los boletines estadísticos divulgados por las autoridades.
Diversas organizaciones humanitarias han advertido que la política de “cero tolerancia” genera un clima de temor y podría propiciar abusos contra los migrantes, especialmente mujeres y menores, en zonas turísticas y agrícolas donde la mano de obra haitiana es fundamental. El Gobierno, por su parte, sostiene que los dispositivos fronterizos son una cuestión de soberanía y seguridad nacional, y asegura que todo procedimiento se ejecuta bajo los protocolos establecidos.
Mientras tanto, en los pueblos fronterizos el ir y venir de patrullas, autobuses y retenes se ha normalizado. Productores agrícolas reconocen que la vigilancia ha encarecido la mano de obra, pero la mayoría respalda las medidas, alegando que “sin control no hay orden”. Los próximos días serán clave para medir hasta dónde el ERD y la DGM logran frenar las rutas clandestinas que atraviesan la cordillera y las salinas del Sur, y si el aumento de repatriaciones sirve para disuadir nuevos cruces en la frontera más porosa del Caribe insular.
