Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) les dio a las telefónicas el cronómetro a la mano: treinta días exactos para depurar la identidad de cada usuario con línea prepago. Quien no valide su chip quedará sin servicio durante dos meses y, de insistir en el limbo, perderá el número de manera definitiva.
La medida está contenida en la Resolución 064-2025, anunciada ayer en rueda de prensa en el Centro Cultural Indotel. El documento amparado en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico obliga a que toda activación quede vinculada a una cédula, pasaporte o carné de residencia y registrada en un sistema seguro. Además, las prestadoras deberán avisar por SMS a cada cliente el procedimiento y el límite de tiempo para ponerse al día.
No es la primera vez que el regulador aprieta las tuercas hace apenas un año se reforzó el bloqueo de terminales con IMEI alterado, pero la práctica de vender SIM anónimas en la calle siguió campante. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en los últimos 18 meses se denunciaron 54 378 celulares robados o extraviados, un promedio de cien por día. Aun así, el Diario Libre estima que desde 2022 se han bloqueado más de 96 000 equipos, cifra que no alcanza a cubrir la magnitud del mercado negro.
“Esto es tanto correctivo como preventivo; no podemos seguir rastreando crímenes a ciegas”, subrayó Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, flanqueado por los consejeros Alexis Cruz y Juan Taveras. A su juicio, la resolución también le dará oxígeno al sistema de emergencias 9-1-1, que depende de datos veraces para despachar auxilio en tiempo real.
¿Funciona en otros países?
La apuesta dominicana llega mientras la región debate la efectividad de los registros de usuarios. México intentó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2021, pero la Suprema Corte lo tumbó por riesgos a la privacidad. Aun así, el nuevo gobierno volvió a poner el proyecto sobre la mesa este año, generando la misma desconfianza entre organizaciones civiles.
Perú, por su parte, opera RENTESEG desde abril de 2024 bloquea automáticamente los dispositivos no registrados y obliga a identificar al comprador en el punto de venta. El esquema ha reducido los reportes de robo, aunque las autoridades reconocen que persiste un mercado de piezas y tarjetas SIM extranjeras.
Retos locales
La resolución dominicana enfrenta, sin embargo, un escollo legal una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 que limita el acceso del Estado a datos personales. El propio Indotel admite que deberá coordinar con la Procuraduría y la Policía Nacional para manejar la información sin violar la intimidad de los usuarios.
También preocupa la logística. Cada mes se activan unas 400 000 líneas prepago y el 85 % se venden en puestos informales donde basta con efectivo para llevarse el chip. Para cumplir el plazo de 30 días, las telefónicas tendrían que procesar cerca de 13 000 registros diarios por operador, asumir el costo de la verificación y reforzar los canales digitales de autenticación.
Impacto para el consumidor
En la práctica, el usuario que ya tenga su cédula registrada no notará cambios. El golpe se sentirá en las líneas “fantasma” usadas para estafas, extorsiones y venta de equipos robados. La Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (ADOTEL) respalda la resolución pero pide una campaña pedagógica masiva y reglas claras para el almacenamiento de datos biométricos.
Los defensores de la privacidad advierten que la seguridad no puede descansar solo en más base de datos. “Sin transparencia y controles externos, los registros terminan filtrándose o siendo usados para vigilancia sin orden judicial”, recuerda la organización mexicana R3D al evaluar experiencias similares en la región.
Próximos pasos
Indotel planea publicar, la próxima semana, el protocolo técnico que deberán seguir las telefónicas para subir la documentación al sistema central. Mientras tanto, las tiendas de barrio que venden SIM al paso tendrán que registrarse como “puntos autorizados”; de lo contrario, sus chips quedarán fuera de circulación.
Queda por ver si el plazo de 30 días es suficiente para limpiar un padrón con más de 10 millones de líneas activas. De lograrlo, República Dominicana se colocaría entre los pocos países del Caribe con un registro prepago integral, pero el verdadero termómetro será la reducción de robos y estafas en los próximos trimestres. Hasta entonces, la resolución 064-2025 se convierte en un experimento de seguridad ciudadana con el reloj corriendo.
