El Departamento de Estado anunció que, a partir de hoy, cualquier funcionario extranjero que intente penalizar publicaciones realizadas en plataformas tecnológicas estadounidenses se arriesga a que le nieguen la entrada a territorio norteamericano. La nueva directriz presentada como una defensa frontal de la Primera Enmienda coloca la libertad de expresión en línea al centro de la política exterior de Washington.
Según Yahoo, la medida es la respuesta más contundente hasta la fecha contra lo que la Casa Blanca considera una “epidemia de extraterritorialidad digital” gobiernos que pretenden aplicar sus leyes de contenido más allá de sus fronteras y, de paso, silenciar voces disidentes asentadas en EE. UU.
Rubio, flamante secretario de Estado, fue tajante “Es inaceptable que un juez o ministro en otro país expida órdenes de arresto contra alguien que subió un tuit sentado en un café de Boston”. El comunicado oficial detalla que los visados podrán ser revocados de forma inmediata cuando exista evidencia de intimidación legal, multas o bloqueo de plataformas con sede en EE. UU.
Aunque el Departamento evitó publicar una “lista negra”, Rubio dejó entrever ante el Congreso que investiga al magistrado brasileño Alexandre de Moraes, enfrentado con Elon Musk por ordenar la suspensión temporal de X (antes Twitter) durante la investigación sobre el asalto al Planalto.
La diplomacia estadounidense también apuntó a Europa. Funcionarios citados por Reuters critican que leyes como el Digital Services Act (UE) o el Online Safety Act (Reino Unido) puedan “sofocar” la libre expresión si exigen a Meta, Google o X borrar comentarios amparados por la Constitución estadounidense.
Paradójicamente, la administración Trump enfrenta denuncias internas de censura selectiva: desde la revocación de cientos de visas estudiantiles por “activismo extremista” hasta la detención, luego revertida por un juez, de la estudiante turca Rumeysa Ozturk en Massachusetts tras criticar la postura universitaria sobre Gaza. Grupos de derechos civiles alegan que, mientras Washington castiga la censura foránea, aplica herramientas similares puertas adentro.
Analistas en política tecnológica advierten de un choque diplomático inevitable. Brasil y varias capitales europeas interpretan la orden como un intento de blindar a las Big Tech estadounidenses frente a regulaciones que buscan frenar el discurso de odio o la desinformación. Aun así, la apuesta de Washington es clara erigir la “soberanía digital” como pilar de negociación comercial y, de paso, marcar distancia de modelos reguladores que considera demasiado intervencionistas.
Para las plataformas, el mensaje es doble. Por un lado, EE. UU. las respalda cuando rechazan ejecutar mandatos extranjeros que violen derechos constitucionales; por otro, les recuerda que la responsabilidad de filtrar contenido extremista sigue en pie, so pena de enfrentar demandas multimillonarias en su propio mercado doméstico.
En el corto plazo, los efectos prácticos serán discretos la mayoría de los funcionarios señalados evita viajar a EE. UU. de todos modos. Sin embargo, la decisión sienta un precedente jurídico que otros países principalmente Canadá y Australia podrían imitar, generando un nuevo frente la geopolítica de los visados como arma para defender (o acotar) la libertad de expresión en internet.
El tablero está servido. Mientras Washington dice proteger a sus ciudadanos “de largo alcance”, Bruselas insiste en que la moderación de contenido es cuestión de seguridad pública. El próximo pulso será saber quién define los límites de la conversación global: ¿los parlamentos nacionales o las sedes corporativas en Silicon Valley?
