El Departamento de Justicia de Estados Unidos encendió las alarmas al revelar que dos exoficiales dominicanos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) manipulaban el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego, para facilitar el ingreso clandestino de migrantes a cambio de dinero.
Según los expedientes federales consultados para este reporte, Farlis Almonte (38 años) y Ricardo Rodríguez (34) pactaban con una red de “coyotes” el carril exacto y la hora en que estarían de turno, garantizando que los vehículos con indocumentados pasaran sin ser registrados. Una tercera acusada, Kairy Stephania Quiñonez (31), funcionaba como enlace logístico desde Imperial Beach, California.
Las autoridades calculan que Almonte avaló al menos 45 cruces ilegales y que ambos exagentes recibían “miles de dólares” por carro, algo que se refleja en depósitos en efectivo 22 000 US$ y 24 000 US$, respectivamente realizados entre finales de 2024 e inicios de 2025, después de meses con cuentas casi inactivas. En un allanamiento posterior, los federales incautaron 70 000 US$ a Almonte; además, su pareja intentó mover otros 67 000 US$ ocultándolos en un bolso y en un almacén recién alquilado.
Los cargos van más allá del simple soborno: lavado de dinero, obstrucción de la justicia y falsificación de registros oficiales. Videos internos de la CBP muestran coches con varios ocupantes mientras los exagentes reportaban falsamente que solo iba el conductor. El guion coincide con testimonios de contrabandistas arrestados en septiembre de 2024, quienes describieron instrucciones precisas sobre qué carril elegir y cuándo cruzar.
Brote de corrupción que no es nuevo
Aunque la CBP insiste en su política de “tolerancia cero” contra la corrupción, el caso revive heridas recientes. En 2023, la Oficina del Inspector General del DHS documentó 268 investigaciones activas por sobornos y tráfico de personas dentro de agencias fronterizas. La mayoría se concentra en California y Texas, donde los carteles pagan hasta 15 000 US$ por cada cruce exitoso, según la organización sin fines de lucro Human Smuggling Watch.
El matiz dominicano
Para la diáspora quisqueyana, la noticia pega doble: ensucia la imagen de servidores criollos en el extranjero y alimenta la narrativa antiinmigrante que algunos sectores estadounidenses esgrimen en año electoral. “La presunción de inocencia es sagrada”, subrayó el abogado de Rodríguez, Michael Hawkins, recordando que su cliente llegó a EE. UU. a los 18 años, aprendió inglés, se graduó de ingeniería automotriz y sirvió en la Guardia Nacional. No obstante, los fiscales federales apuntan a un patrón de enriquecimiento súbito que difícilmente se justifica con el salario de un oficial de línea.
Implicaciones y próximos pasos
De ser hallados culpables, Almonte y Rodríguez enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración y lavado, más sanciones económicas que podrían triplicar lo que habrían recibido en sobornos. Para la CBP, el reto es doble: contener el golpe reputacional y reforzar sus filtros internos en el puerto de San Ysidro, la frontera terrestre más transitada del hemisferio.
Mientras tanto, defensores de migrantes advierten que la criminalización de la frontera genera oportunidades para la corrupción “Cuanto más alta la muralla, más alto el precio del soborno”, resume la analista fronteriza Maritza González, citando estudios del Migration Policy Institute.
El expediente sigue abierto y las audiencias preliminares se reanudarán en julio. De confirmarse las acusaciones, este caso se sumará a la lista de escándalos que, cada tanto, sacuden a las agencias encargadas de custodiar la puerta de entrada a Estados Unidos.