El exalcalde de Les Irois, Jean Morose Viliena (53 años), escuchó la sentencia de nueve años de prisión en una corte federal de Boston luego de que un jurado lo hallara culpable de mentir para conseguir la residencia permanente en Estados Unidos. La Fiscalía sostuvo que falseó su historial al negar cualquier vínculo con ejecuciones extrajudiciales o actos de violencia, pese a un rastro documentado de represión política durante su mandato municipal en el suroeste de Haití.
De acuerdo con expedientes de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, los investigadores demostraron que Viliena encabezó o facilitó ataques armados contra opositores entre 2006 y 2010. En uno de los episodios más brutales la incursión a la casa del activista David Boniface en 2007 su hermano menor fue ejecutado a tiros y rematado con una piedra ante testigos, un patrón feroz que la acusación describió como intento de “silenciar la disidencia a sangre y fuego”.
Las pruebas incluyeron testimonios y fotografías forenses de otras agresiones: el apaleamiento y disparos contra Nissage Martyr y Juders Yseme en una emisora local; y amenazas sistemáticas respaldadas por la red paramilitar “Korega”, señalada en Haití por imponer autoridad con fusiles cuando la ley fallaba.
Aquellas mismas víctimas ganaron en 2023 un fallo civil de 15,5 millones de dólares bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un precedente que subrayó cómo los tribunales estadounidenses pueden dar amparo cuando los sistemas de justicia caribeños colapsan.
Expertos en migración recuerdan que el fraude de visado tiene una pena máxima de diez años, pero los nueve impuestos a Viliena se acercan al tope porque, según la jueza, sus mentiras “socavaron la confianza en todo el sistema”. La misma corte ordenó tres años de libertad supervisada adicionales y anticipó procedimientos de deportación tras el cumplimiento de la condena.
Más allá del caso individual, la sentencia envía un mensaje directo a otros exfuncionarios acusados de abusos las fronteras de Estados Unidos no son refugio seguro. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que desde 2020 ha intensificado el cruce de datos con organizaciones de derechos humanos para detectar a solicitantes que oculten crímenes de lesa humanidad.
Mientras Haití continúa sumido en crisis de seguridad y poder local fragmentado, las comunidades de la diáspora en Boston ven el dictamen como un respiro simbólico. “No es venganza, es justicia”, dijo Boniface a la salida del tribunal, añadiendo que espera que el fallo anime a otras víctimas a denunciar.
La resolución también reaviva el debate sobre la responsabilidad internacional con figuras políticas que, tras ser denunciadas en sus países, buscan nuevo hogar bajo la sombra de procesos migratorios laxos. Para los fiscales, cerrar esa brecha es imperativo “quien trajo violencia, encontrará aquí la ley”, concluyó la fiscal Leah Foley, reflejando la nueva línea dura frente a abusadores de derechos humanos.
