El exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Dahiri Miguel Espinosa Guerra, fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos, tras comprobarse que borró de manera deliberada casi 378 mil registros oficiales después de las elecciones nacionales de 2020.
Según el diario digital CDN, el fallo incluye su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, al tiempo que fija un precedente en la lucha contra los delitos tecnológicos cometidos desde la propia administración pública.
¿Qué datos se perdieron y por qué importa?
El Ministerio Público demostró que Espinosa Guerra eliminó 377 969 registros de tres plataformas neurálgicas de la Digeig:
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SAIP – portal de denuncias y solicitudes de acceso a la información.
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Sysplan – sistema de planificación estratégica institucional.
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Carpeta IPAC – insumos del programa anticorrupción respaldado por la ONU.
Entre julio y agosto de 2020, los expedientes desaparecieron sin respaldo, boicoteando la trazabilidad de iniciativas anticorrupción y frenando auditorías internas.
La Ley 53‑07 y el alcance de la sentencia
El artículo 10 de la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología castiga con uno a tres años de prisión y multas de hasta quinientas veces el salario mínimo a quien altere o borre datos; la pena se agrava si el autor es como en este caso un empleado estatal.:
Aunque el juez optó por el mínimo de encierro, la defensa intentó reducir la condena a prestación de servicios comunitarios. Sin embargo, el tribunal entendió que el daño atentó contra la transparencia pública y la confianza ciudadana, criterios que pesaron más que la “primera infracción” alegada por el imputado.
Lecciones para la administración pública
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Backup obligatorio y pruebas de integridad: la Digeig, y con ella el resto de las instituciones, deben certificar copias diarias fuera de línea acompañadas de hash verificados.
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Separación de privilegios: ningún funcionario debería tener acceso irrestricto para borrar registros sin doble autenticación y supervisión.
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Auditorías pos-electorales: la coincidencia temporal pocos días después de los comicios refuerza la necesidad de controles adicionales en periodos de transición política.
Expertos consultados destacan que esta condena rompe la racha de impunidad en materia de ciberataques internos y manda la señal de que “la nube pública no es tierra de nadie”. Al mismo tiempo, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) anunció la apertura de nuevos expedientes relacionados con sabotajes informáticos en otras dependencias estatales.
El reto que sigue
El caso Espinosa Guerra expone la urgencia de profesionalizar los equipos de TI gubernamentales, blindar la gestión documental y adoptar estándares internacionales de ciberseguridad. De lo contrario, cada byte perdido no solo cuesta dinero: erosiona la credibilidad de las instituciones llamadas a vigilar la integridad del Estado.
