El suroeste colombiano volvió a estremecerse este martes, 10 de junio de 2025, cuando un cilindro bomba camuflado en una señal de tránsito estalló en el caserío de Guachinte, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca). La onda explosiva alcanzó a vecinos que caminaban por la vía, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a varios más.
Según la agencia EFE, la alcaldesa Paola Castillo confirmó que un segundo artefacto detonó minutos después cerca de la estación policial de Potrerito y que otros tres dispositivos fueron hallados y neutralizados sin causar daños. Las víctimas con lesiones de mayor gravedad fueron remitidas al Hospital Piloto, mientras organismos de socorro y unidades antiexplosivos mantenían acordonada la zona.
La escalada no se limitó a Jamundí. Horas antes, tres explosiones sacudieron distintos barrios de Cali, capital departamental, dejando al menos dos muertos y 36 heridos; 22 de ellos requirieron traslado a clínicas cercanas. Autoridades locales atribuyen la cadena de atentados a las mismas estructuras disidentes de las FARC que operan en el occidente del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó de los hechos al llamado Estado Mayor Central que encabeza “Iván Mordisco”. En sus palabras, los explosivos “buscan sembrar terror, desestabilizar la institucionalidad y afianzar economías ilegales como el narcotráfico y la minería clandestina”. La Fuerza Pública elevó la alerta en los corredores viales del Valle y el Cauca, mientras equipos antiterroristas rastrean posibles artefactos sin detonar.
Este repunte violento ocurre apenas un año después de que las disidencias rompieran los diálogos de paz que sostenían con el Gobierno y, de paso, coincide con el tercer aniversario de la muerte de su antiguo jefe militar, Leider Johany Noscué (“Mayimbú”), fecha que los insurgentes suelen conmemorar con acciones armadas de gran impacto.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ya había advertido que 2024 cerró como el año más crítico para la población civil desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, con desplazamientos masivos y uso reiterado de explosivos no convencionales. A ello se suma el último informe de Human Rights Watch, que señala a los grupos disidentes por reclutamiento forzado, extorsiones y ataques a infraestructura en al menos 180 municipios.
Expertos en seguridad consultados subrayan que la estrategia de los subversivos mezcla presión armada con control social para blindar rutas de cocaína que atraviesan el Pacífico y la cordillera Central. La elección de Guachinte no es casual la vereda conecta la cuenca del río Jamundí con las vías que conducen a Buenaventura, principal puerto de exportación ilegal de estupefacientes del país.
Mientras tanto, los habitantes de la zona rural de Jamundí vuelven a afrontar toques de queda nocturnos y patrullajes constantes. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno central “acciones contundentes y sostenidas” que trasciendan los despliegues coyunturales cada vez que ocurre una tragedia. Desde la presidencia aún no se emiten declaraciones, aunque el jefe de Estado tiene prevista una visita a Cali en las próximas horas.
Con tres décadas de experiencia en la cobertura del conflicto colombiano, este periodista ha visto cómo estas ofensivas cíclicas suelen diluirse en la agenda nacional tan pronto cesa el estruendo. Sin embargo, cada bomba que estalla aleja un poco más la posibilidad de que los campesinos del Valle y del Cauca retomen una rutina sin miedo. Para ellos, la paz sigue siendo como dijo un líder comunitario en Guachinte“un lujo que todavía no llega al campo”.
