La mañana de este martes se vio sacudida en Cali por dos detonaciones casi simultáneas: una motobomba frente a la estación de Policía de Meléndez y otro artefacto activado en el CAI del barrio Manuela Beltrán. El estruendo se escuchó a varias cuadras y, según los primeros reportes oficiales, provocó la muerte de una persona que custodiaba motocicletas en la zona y dejó varios heridos que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.
Según la agencia EFE, las explosiones estaban dirigidas contra la fuerza pública y se produjeron a plena hora pico, lo que multiplicó el pánico entre quienes salían a trabajar o a estudiar en el sur de la capital vallecaucana.
Fuentes hospitalarias consultadas por El Tiempo y W Radio indican que al menos cinco personas más resultaron lesionadas con esquirlas y conmoción auditiva. Testigos afirman que los vidrios de negocios cercanos estallaron y varios vehículos quedaron averiados.
Aunque ninguna organización se adjudicó de inmediato los hechos, el Ministerio de Defensa apunta a la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC, en especial al frente Jaime Martínez que responde a “Iván Mordisco”, responsable de una oleada de ataques en Valle y Cauca desde comienzos de año.
El alcalde Alejandro Eder confirmó en su cuenta de X que la fuerza pública “ya está en el lugar y los equipos de salud atentos ante cualquier eventualidad”, mientras ordenaba un consejo extraordinario de seguridad. Voceros de la Policía Metropolitana informaron que se activó un plan candado y se revisan cámaras cercanas para rastrear a los responsables.
Más allá del impacto inmediato ventanas rotas, comercio cerrado a media jornada y rutas de transporte desviadas el atentado reaviva la pregunta sobre la capacidad del Estado para blindar a Cali, puerta estratégica del Pacífico colombiano. Expertos consultados subrayan que los frentes disidentes han trasladado su presión desde los corredores rurales a zonas urbanas para forzar nuevas concesiones en la mesa de diálogos con el Gobierno Petro.
Analistas de seguridad recuerdan que hechos similares en 2023 y 2024 llevaron a la suspensión temporal del cese al fuego con el EMC, y advierten que una escalada dentro de la ciudad expone a casi tres millones de habitantes a riesgos mayores, justamente cuando avanza la temporada escolar y se aproxima la Feria de Cali.
Mientras los artificieros peinan los alrededores en busca de explosivos sin detonar, las autoridades locales piden a la ciudadanía reportar cualquier objeto sospechoso y evitar difundir rumores no verificados. La investigación apenas comienza, pero la consigna es clara: reforzar la inteligencia urbana y frenar, antes de que prendan, las brasas que ahora mismo avivan la inseguridad en el suroccidente colombiano.
