La Fiscalía del Distrito Nacional, respaldada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ejecutó 34 allanamientos simultáneos en Bonao y arrestó a nueve personas acusadas de sustraer datos confidenciales de clientes bancarios para mover fondos de forma ilícita. Durante el operativo se incautaron drogas, vehículos y varias propiedades adquiridas con dinero del fraude, dejando claro que el grupo operaba como una estructura bien engrasada y con alcance nacional.
Según detalles difundidos por el Ministerio Público, los sospechosos accedían a los perfiles de las víctimas, transferían el capital a cuentas de “beneficiarios” y luego lo retiraban en efectivo o lo blanqueaban mediante la compra de inmuebles y vehículos de alta gama. El organismo indicó que solicitará medidas de coerción en las próximas horas y que la pesquisa sigue abierta para identificar a más involucrados.
La arremetida llega en un momento oportuno un estudio reciente de TransUnion revela que el 12 % de los dominicanos ha sido víctima de fraude digital y que el 30 % de los intentos incluye vishing, es decir, llamadas engañosas para obtener datos sensibles. Esta tendencia coloca al país entre los más azotados de la región, incluso por encima de potencias tecnológicas del Caribe.
El desafío es mayúsculo. Solo en el primer trimestre de 2025 la Policía Cibernética apresó a 148 personas por delitos tecnológicos transferencias no autorizadas, phishing y clonación de tarjetas, entre otros y recuperó casi 24 millones de pesos. Las autoridades reconocen que buena parte de estas estafas se gestan en redes sociales y foros clandestinos, donde se comercian bases de datos y manuales de intrusión.
A nivel global, las pérdidas por fraude cibernético superaron los 10 mil millones de dólares en 2024, según LexisNexis Risk Solutions, lo que confirma que el negocio criminal sigue siendo altamente rentable pese al endurecimiento de las regulaciones. En respuesta, los bancos dominicanos han acelerado la adopción de autenticación multifactor y monitoreo en tiempo real, aunque expertos advierten que la concienciación del cliente es la primera línea de defensa.
Para el Ministerio Público, la operación en Bonao es una advertencia las estafas digitales no pasarán inadvertidas y quienes lucren con ellas enfrentarán procesos por lavado de activos, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Mientras se afinan las acusaciones, los investigadores rastrean el flujo del dinero robado y examinan si hubo complicidad interna en la entidad financiera afectada.
El mensaje es claro la ciberseguridad ya no es opcional. De cara a las elecciones municipales y al creciente uso de la banca móvil, las autoridades llaman a la ciudadanía a proteger sus credenciales, activar alertas en tiempo real y denunciar cualquier transacción sospechosa de inmediato. Porque en la era digital, el eslabón más débil y más valioso sigue siendo la identidad.
