La División de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional apresó en Santiago a Gergio Augusto Adames Torrez (alias Marcos, 65 años), señalado como el cerebro del robo de 55 becerros valorados en unos RD$4 millones. El hurto ocurrió entre el 20 y el 27 de mayo en la comunidad de Hoya Beyaca, San José de las Matas, luego de que los cuatreros forzaran tres accesos a la finca y se llevaran los animales identificados con las siglas E.A.E. La captura se efectuó mediante la orden judicial 2025-AJ0035325-001 en el sector Los Jardines Metropolitanos.
Durante el proceso investigativo, un comprador acudió de forma voluntaria y devolvió 30 de los becerros, alegando que los adquirió al hoy detenido. Tanto los animales recuperados como Adames Torrez permanecen bajo custodia del Ministerio Público para los trámites legales pertinentes.
Un delito que sigue golpeando al campo
El robo de ganado conocido localmente como abigeato no es un hecho aislado solo entre 2019 y 2022 se denunciaron casi 1,500 casos en 36 municipios, con Monte Plata y Azua encabezando la lista negra. Aunque las autoridades proclamaron recientemente una disminución del 61 % en 2025, asociaciones ganaderas advierten que la amenaza “sigue viva” porque muchos productores temen denunciar y los cuatreros continúan moviendo animales por rutas rurales poco vigiladas.
En respuesta, el Gobierno y representantes del sector pecuario se reunieron el mes pasado para ajustar estrategias más controles en carreteras, sanciones a compradores de reses robadas y patrullaje combinado entre Policía y Ganadería. La captura de Adames Torrez pone a prueba ese esfuerzo y reaviva el debate sobre la efectividad de los operativos en zonas montañosas como la Sierra de Samaná y la Cordillera Central, donde las distancias complican la reacción rápida.
Implicaciones económicas y penales
Cada becerro perdido representa varios meses de trabajo y alimentación para pequeños y medianos ganaderos; de ahí que la sustracción masiva tenga un impacto directo en la economía rural y en la seguridad alimentaria. Penalmente, el artículo 379 del Código Penal tipifica el abigeato agravado con penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas, sobre todo cuando hay violencia o se viola la propiedad privada.
Expertos en derecho agrario señalan que la rápida devolución de parte del lote robado podría servir como atenuante para quien lo entregó, pero no exime al comprador de responder por receptación de bienes sustraídos si el tribunal demuestra que conocía el origen ilícito.
Mirada al futuro
El caso evidencia dos lecciones primero, que la trazabilidad del ganado (hierros y registros electrónicos) es vital para frenar el mercado ilegal; segundo, que la colaboración entre vecinos, asociaciones y autoridades sigue siendo la mejor herramienta para desarticular redes de cuatreros que operan en varias provincias. La comunidad de Hoya Beyaca, por lo pronto, espera que la justicia siente un precedente ejemplar para disuadir a quienes ven en el robo de reses un negocio fácil, pero que termina costándole caro a todo el país.
