Ocho voluntarios internacionales de la Flotilla de la Libertad entre ellos brasileños, franceses, holandeses, alemanes y turcos siguen tras las rejas en la prisión de Ramla. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 8 de julio; si antes no se concreta su expulsión, la detención podría estirarse hasta un mes, algo que su equipo legal describe como “arbitrariedad pura”.
Según EFE, la corte aplicó la norma israelí de “entrada ilegal”, pese a que el velero Madleen fue interceptado a más de 100 millas náuticas de Gaza y nunca tuvo previsto atracar en puertos israelíes. La organización palestina Adalah acusa al Estado hebreo de secuestro en aguas internacionales y de violar el derecho a la libre navegación.
La defensa sostiene que la maniobra infringió las convenciones marítimas y recuerda que cuatro tripulantes incluida la activista sueca Greta Thunberg aceptaron la deportación, mientras los ocho restantes prefirieron litigar para dejar constancia del “acto de piratería”. El tribunal, sin embargo, avaló la tesis gubernamental de que la flotilla pretendía “romper un bloqueo legal” y, por tanto, justifica el arresto prolongado.
Organizaciones humanitarias y varios gobiernos europeos tildaron la operación de “desproporcionada”. El canal Al Jazeera calificó la incautación del Madleen como un caso de “piratería” y subrayó la ola de condenas diplomáticas que desató.
Detrás del pulso legal late la crisis humanitaria de Gaza. La ONU calcula que el 90 % de los 2,1 millones de habitantes del enclave sufre desplazamiento forzoso y carece de cobijo digno. El Programa Mundial de Alimentos advierte que la ayuda que ingresa principalmente harina y algo de combustible cubre solo una fracción mínima de las necesidades diarias.
La situación de los reclusos empeora a diario. El brasileño Thiago Ávila inició una huelga de hambre y de agua, mientras otros denuncian chinches y falta de agua potable en la celda, según reportes de la agencia Anadolu.
Más allá del litigio, el caso reaviva el debate sobre la efectividad y los costos humanos de las flotillas solidarias. Para los activistas, llegar a un muelle de Gaza valía el riesgo; para Israel, impedirlo era vital para mantener su bloqueo. De lo que no hay duda es que, con cada barco interceptado y cada activista encarcelado, la presión internacional sobre Tel Aviv crece un poco más, al igual que la visibilidad de la emergencia humanitaria que se vive en la Franja.