El Partido Fuerza del Pueblo (FP) puso sobre la mesa un reclamo que retumba en el corazón del proceso electoral dominicano que la Junta Central Electoral (JCE) haga público, sin letras chiquitas, quiénes están detrás de los tres consorcios que se disputan la millonaria licitación para la nueva cédula de identidad y electoral.
Según el digital deultimominuto, el delegado político Manuel Crespo entregó un documento donde solicita la lista completa de socios, beneficiarios finales y experiencia técnica de EMDOC, ID Secure IDSi y el consorcio Cédula 4.0 FZCO, además de las funciones específicas de cada empresa aliada. La idea, insiste Crespo, es blindar de “diafanidad” un proyecto sensible para la seguridad nacional y la confianza ciudadana.
La presión llega cuando la JCE recién recibió las propuestas de la licitación internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001, lanzada para escoger al suplidor de equipos, materiales y servicios de la nueva cédula, en un acto público celebrado hace dos meses y encabezado por su Comité de Compras y Contrataciones.
El Pleno del organismo, además, ha llevado el expediente hasta el Senado para explicar los alcances de la renovación, subrayando su impacto en la modernización del registro civil y en la seguridad electoral de cara a los próximos comicios.
De acuerdo con funcionarios de la propia JCE, el nuevo documento incluirá un chip de contacto, un código QR y la posibilidad de almacenar datos médicos y de pasaporte, elevando la barra frente a fraudes y facilitando trámites digitales.
Con estos avances tecnológicos sobre la mesa, cobra más peso la pregunta que lanza la FP ¿quién controlará la infraestructura crítica que custodiará la identidad de más de diez millones de dominicanos? No es la primera vez que partidos o sociedad civil cuestionan las contrataciones tecnológicas del Estado; basta recordar las objeciones que frenaron, en 2018, la compra de equipos de escrutinio automatizado.
El reclamo, además, llega en un momento en que organismos internacionales recomiendan a los países latinoamericanos publicar los beneficiarios finales de las compañías que contratan con el sector público, práctica que reduce el margen para conflictos de interés y lavado de activos.
Si la JCE accede a la solicitud, marcaría un precedente de transparencia útil no solo para este proceso de cedulación, sino para cualquier licitación futura que toque áreas tan neurálgicas como la identidad ciudadana. De lo contrario, la pelota quedará picando en un terreno donde la confianza es tan frágil como imprescindible para nuestra democracia.
